La Defensoría Penal Pública informó que desde que comenzó la reforma procesal penal en nuestro país en 2005 y hasta junio pasado, 39.235 inocentes fueron imputados de algún delito, estuvieron en prisión preventiva y posteriormente fueron absueltos en un juicio oral.

Se trata de personas que fueron sobreseídas porque no existió el delito del que se les acusaba o porque se demostró su inocencia durante la investigación, o bien el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación en su contra.

Estas personas no cuentan con acceso a reparación ni programas de apoyo estatal, como sucede en algunos ámbitos de las iniciativas de reinserción social para personas condenadas. Es por eso que, en agosto de 2013, la defensoría creó el Proyecto Inocentes, inspirado en trabajos realizados por organizaciones como el Innocence Project en Estados Unidos.

“Lo que hacemos es intentar reparar el daño público asociado a una injusta privación de libertad de personas que no debieron haber estado presas y que no reciben ningún tipo de reparación del Estado. Les damos un espacio para ser visualizados”, explicó el defensor nacional, Carlos Mora.

El defensor advirtió que la cifra supone una situación grave, que debería remecer al sistema completo.

“Es impactante, más todavía cuando le toca a alguien cercano. La gente puede decir ‘bueno, 40 mil personas no es tanto’, pero para cada una de esas vidas el impacto es inmenso a nivel sicológico, laboral, social”, afirmó.

“El mayor problema es la calidad de las investigaciones de la Fiscalía. Ahí están al debe aún y creo que están conscientes”, sostuvo.