Las senadoras Ximena Rincón y Adriana Muñoz presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca revocar la nacionalidad concedida “por gracia” al arzobispo Ricardo Ezzati, por haber “dejado de cumplir los requisitos que dicho beneficio establece en la normativa chilena”.
El proyecto de ley presentado por las senadoras establece que “es necesario que la actividad ejercida por el extranjero que se desea honrar, se traduzca en un beneficio efectivo y relevante para el país y si la persona nacionalizada por gracia deja de cumplir con las características que le hicieron merecedora de tal honor, el Senado y la Cámara de Diputados tienen razones fundadas para revocarle aquélla”.
El documento indica que se encontrarán en tal situación aquellas personas cuya actividad ha alcanzado relevancia nacional, “pero no por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar, sino por lo negativo, perjudicial o mediocre de su conducta, bastando para ello que se trate de hechos públicos y notorios, que, en tanto evidentes, patentes, sabidos y palmarios, no es necesario acreditar”.
La iniciativa, se enmarca en “las revelaciones sobre el conocimiento que tenía el arzobispo de Santiago sobre los cuestionamientos a Juan Barros. Junto con ello la reconocida organización internacional Bishop Accountability libera un banco de datos sobre las denuncias relativas a los abusos sexuales del cuerpo religioso de la iglesia católica chilena, que acumula 78 casos, donde la entidad además apuntó a Ezzati como un ‘encubridor’ de los casos relacionados a Karadima y otros dos obispos cuestionados”.
Ricardo Ezzati, actual cardenal y arzobispo de Santiago, de origen italiano, obtuvo la nacionalidad chilena por gracia el 24 de abril de 2006 cuando la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley N° 20.100 por medio de la cual el Congreso Nacional se la concedió unánimemente “como un reconocimiento a la fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años ha desarrollado en beneficio de los desposeídos, particularmente, en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados”.
Las parlamentarias indicaron que desde hace ya varios años la conducta del cardenal y arzobispo de Santiago ha dejado de tener estas características y que hoy “su actividad no se traduce en un beneficio efectivo y relevante para el país en el ámbito religioso ni constituye un servicio destacado a la República”. Por el contrario, hechos públicos y notorios demuestran que su actividad ha alcanzado relevancia nacional, pero no por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar, sino por lo negativo, perjudicial o mediocre de su conducta.
Entre estos hechos “públicos y notorios” está la obstrucción para el conocimiento de la verdad y la justicia, mediante acciones destinadas a impedir la asistencia de una de las víctimas de abuso sexual de Fernando Karadima a la Conferencia Episcopal anglófona y a la Comisión Pontificia de Previsión de abusos sexuales en Roma, evidenciadas desde abril del 2013 a octubre del 2014.
También de la actitud hostil y persecutoria en contra de Felipe Berríos, José Aldunate y Mariano Puga, “los tres sacerdotes más admirados en Chile por su auténtico testimonio de vida consagrada”.
A ello agregan una ofensa gratuita a las personas de la comunidad transgénero en el marco de la tramitación de una ley, sin pedir disculpas, y la contumacia en su conducta de irresponsabilidad ante la crisis de la Iglesia chilena producto del encubrimiento institucional de los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes por décadas y a lo largo de Chile, no obstante haber sido compelido a asumir responsabilidades por su máximo superior jerárquico.
El proyecto de ley presentado por las senadoras establece que “es necesario que la actividad ejercida por el extranjero que se desea honrar, se traduzca en un beneficio efectivo y relevante para el país y si la persona nacionalizada por gracia deja de cumplir con las características que le hicieron merecedora de tal honor, el Senado y la Cámara de Diputados tienen razones fundadas para revocarle aquélla”.
El documento indica que se encontrarán en tal situación aquellas personas cuya actividad ha alcanzado relevancia nacional, “pero no por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar, sino por lo negativo, perjudicial o mediocre de su conducta, bastando para ello que se trate de hechos públicos y notorios, que, en tanto evidentes, patentes, sabidos y palmarios, no es necesario acreditar”.
La iniciativa, se enmarca en “las revelaciones sobre el conocimiento que tenía el arzobispo de Santiago sobre los cuestionamientos a Juan Barros. Junto con ello la reconocida organización internacional Bishop Accountability libera un banco de datos sobre las denuncias relativas a los abusos sexuales del cuerpo religioso de la iglesia católica chilena, que acumula 78 casos, donde la entidad además apuntó a Ezzati como un ‘encubridor’ de los casos relacionados a Karadima y otros dos obispos cuestionados”.
Ricardo Ezzati, actual cardenal y arzobispo de Santiago, de origen italiano, obtuvo la nacionalidad chilena por gracia el 24 de abril de 2006 cuando la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley N° 20.100 por medio de la cual el Congreso Nacional se la concedió unánimemente “como un reconocimiento a la fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años ha desarrollado en beneficio de los desposeídos, particularmente, en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados”.
Las parlamentarias indicaron que desde hace ya varios años la conducta del cardenal y arzobispo de Santiago ha dejado de tener estas características y que hoy “su actividad no se traduce en un beneficio efectivo y relevante para el país en el ámbito religioso ni constituye un servicio destacado a la República”. Por el contrario, hechos públicos y notorios demuestran que su actividad ha alcanzado relevancia nacional, pero no por lo bueno, beneficioso o ejemplar de su actuar, sino por lo negativo, perjudicial o mediocre de su conducta.
Entre estos hechos “públicos y notorios” está la obstrucción para el conocimiento de la verdad y la justicia, mediante acciones destinadas a impedir la asistencia de una de las víctimas de abuso sexual de Fernando Karadima a la Conferencia Episcopal anglófona y a la Comisión Pontificia de Previsión de abusos sexuales en Roma, evidenciadas desde abril del 2013 a octubre del 2014.
También de la actitud hostil y persecutoria en contra de Felipe Berríos, José Aldunate y Mariano Puga, “los tres sacerdotes más admirados en Chile por su auténtico testimonio de vida consagrada”.
A ello agregan una ofensa gratuita a las personas de la comunidad transgénero en el marco de la tramitación de una ley, sin pedir disculpas, y la contumacia en su conducta de irresponsabilidad ante la crisis de la Iglesia chilena producto del encubrimiento institucional de los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes por décadas y a lo largo de Chile, no obstante haber sido compelido a asumir responsabilidades por su máximo superior jerárquico.
