Los diputados de la Bancada UDI, Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma, llamaron a reactivar la tramitación de un proyecto de ley que presentaron en marzo de 2021 y que busca tipificar una serie de conductas bajo el delito de “terrorismo urbano”, entre ellos los ataques concertados que se cometan en contra de la infraestructura pública o privada; los atentados y agresiones de las que son víctimas los funcionarios policiales y los actos que busquen infundir terror en la ciudadanía, como el ataque armado que delincuentes extranjeros cometieron contra un grupo de guardias municipales en Quinta Normal o la agresión con una granada que sufrió una joven funcionaria de Carabineros.
Al respecto, los parlamentarios explicaron que, a partir de las violentas manifestaciones ocurridas en octubre de 2019, existen una serie de conductas delictivas en el país que apuntan únicamente a alterar el orden público o a infundir terror en la ciudadanía, como por ejemplo las bombas de ruido que un estudiante -con pasado en las Juventudes Comunistas- instaló en tres centros comerciales en Concepción, obligando a su evacuación al producirse distintas detonaciones.
Por lo mismo, y ante la decisión del Gobierno de no invocar la Ley Antiterrorista en casi ninguno de los atentados que se han registrado en el país, Alessandri y Coloma aseguraron que “es evidente que necesitamos una nueva legislación en esta materia, porque las motivaciones que hay detrás de distintos delitos no son simplemente vandálicas, sino que muchas veces tienen como único ánimo el infundir terror en la población, y para esos casos no bastan las penas que existen en la actualidad”.
“Cuando vemos que los delincuentes extranjeros son capaces de utilizar armamento de guerra, como una granada, para agredir a los carabineros, o atacan con armas y cuchillos a guardias municipales, mientras que en Concepción un anarquista se dedica a instalar bombas de ruido en distintos puntos de la ciudad, es evidente que detrás de ellos existe una actitud terrorista que debiera sancionarse como tal. Lamentablemente, las autoridades nunca han reconocido que hay delitos terroristas que se están cometiendo más allá de la Macrozona Sur, y que es fundamental una nueva legislación que no normalice estas acciones que hoy sufren los chilenos”, indicaron los UDI.
En esa línea, Alessandri y Coloma detallaron que la Unión Europea, por ejemplo, considera desde hace varios años el delito de “terrorismo urbano” dentro de su legislación, cuando alguna conducta tenga como objetivo desestabilizar al país, desafiar su orden constitucional o alterar el orden público.
Así, el proyecto de los parlamentarios gremialistas propone sancionar dicha conducta con la pena de presidio mayor en su grado medio, que va desde los 10 hasta los 15 años, en los casos donde se busque “desestabilizar gravemente o destruir estructuras políticas constitucionales, económicas o sociales del país”, o bien cuando los autores pretendan directamente “alterar el orden público”.
