Argentina, el país que más deuda mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prepara para sumar un nuevo acuerdo a su extenso y complejo historial con el organismo, con el que ha firmado más de veinte programas en las últimas seis décadas. La mayoría de estos acuerdos fracasaron, marcando profundamente el errático rumbo de la segunda economía más grande de Sudamérica.

El FMI, fundado hace 80 años, incorporó a Argentina como miembro el 20 de septiembre de 1956 y, dos años después, le otorgó su primer préstamo financiero.

Desde entonces –y sin incluir el acuerdo preliminar alcanzado este martes con el ‘staff’ técnico del Fondo–, Argentina ha cerrado 22 programas formales con el FMI, según registros del organismo. No obstante, otras fuentes amplían la cuenta a 29, si se consideran también los acuerdos de facilidades financieras compensatorias.

La presencia constante del Fondo en la economía argentina resulta innegable: en más de la mitad de los últimos 67 años, el país ha estado bajo algún tipo de programa supervisado por el FMI.

Este prolongado historial de acuerdos indica que, en promedio, cada tres años, Argentina ha debido recurrir a un nuevo entendimiento con el Fondo, lo que revela una dependencia estructural y una economía con problemas crónicos.

Factores como una administración deficiente, baja capacidad exportadora, restricciones de acceso a los mercados financieros y fuga de capitales llevaron a Argentina, una y otra vez, a solicitar ayuda financiera al FMI.

COMPLICADO HISTORIAL

La relación con el FMI ha oscilado entre “amor y odio”. A lo largo de los años, hubo momentos de fricción, y otros –como en los años neoliberales de 1990 o en la actual «era Milei»– en que Argentina fue vista como un «buen ejemplo» de apertura económica, según los lineamientos del organismo.

Los argentinos, acostumbrados a estas negociaciones frecuentes, observan cómo los acuerdos suelen implicar metas difíciles de cumplir y condiciones vistas por muchos como sinónimo de “ajuste salvaje“.

El papel del FMI durante la devastadora crisis de 2001 sigue siendo ampliamente cuestionado en el país, especialmente entre quienes respaldan al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien en 2006 decidió saldar toda la deuda con el Fondo –9.500 millones de dólares– en un solo pago para obtener «grados de libertad para la toma de decisiones».

Desde entonces, Argentina quedó exenta de las revisiones anuales del Fondo, hasta que en 2018, ante una grave crisis financiera, volvió a acudir al organismo, solicitando un préstamo récord de 56.300 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron unos 44.500 millones.

El acuerdo firmado con el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) fracasó en sus objetivos, y en 2020, ya bajo la administración de Alberto Fernández (2019-2023), el país inició nuevas negociaciones ante la imposibilidad de devolver los cuantiosos fondos entre 2022 y 2024.

El Gobierno de Fernández logró en marzo de 2022 un acuerdo de facilidades extendidas que permitió reprogramar la deuda contraída en 2018.

Este entendimiento, que expiró a fines de 2024, estableció metas estrictas vinculadas a la disciplina fiscal, el acopio de reservas monetarias y el control de la emisión, objetivos que Argentina no siempre logró alcanzar.

GIRO Y MÁS DEUDA

La llegada de Javier Milei a la Presidencia a fines de 2023 implicó un cambio de rumbo en el vínculo con el FMI. El organismo reconoció que el plan de ajuste del nuevo gobierno fue incluso más ambicioso que lo exigido en términos fiscales.

A fines de 2024, ambas partes comenzaron a negociar un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, esta vez con el propósito de reforzar las debilitadas reservas del Banco Central y avanzar en la promesa de Milei de eliminar el «cepo», el entramado de restricciones cambiarias que desde hace años obstaculiza la economía argentina.

El nuevo acuerdo, que contempla préstamos por 20.000 millones de dólares, deberá ser aprobado próximamente por el directorio del FMI.

Argentina sigue encabezando la lista de países deudores del Fondo: la deuda vigente, según cifras del propio FMI, asciende a 31.100 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a unos 41.350 millones de dólares, lo que representa un 28 % del total de créditos por cobrar del organismo. Con los nuevos préstamos, ese lastre financiero solo continuará aumentando.