La investigación que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte por el caso de un eventual delito de corrupción en contra de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y otros cinco miembros de la Comisión Evaluadora que otorgó a la empresa tecnológica Motorola una licitación de 300 cámaras corporales para Carabineros, sumó esta semana dos nuevos querellados.
Según Radio Biobío, los nuevos testimonios acusan al teniente coronel de Carabineros, Juan Carlos Banda Marín, y al ingeniero de la subsecretaría, Nelson Donoso Yantén, de haber favorecido a la compañía en el concurso público cuyo valor alcanzó los $378 millones.
Ambos sujetos aparecen en la querella presentada por Pegasus, empresa que participó de la licitación y que en junio de 2020 presentó la primera querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La firma aseguró que el proceso de licitación fue “absolutamente viciado”, con el único fin de favorecer a Motorola en el proceso que culminó el 11 de marzo de 2020.
Agregó que las cámaras de Motorola poseían solo función de “pre grabado”, en circunstancias que las bases del concurso establecían, que además tuvieron el servicio de “post grabado”.
Respecto a los seis primeros querellados se le imputan los delitos de falsificaciones, prevaricación y fraude al Fisco, mientras que a los dos nuevos se les sindica como responsables de tráfico de influencias y negociación incompatible.
Por esta situación, la Contraloría General de la República abrió en octubre de 2021 un sumario al detectar presuntas irregularidades en la adquisición de las cámaras. Mientras que, en enero de este año, el Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró como ilegal la licitación. Ambas organizaciones confirmaron que las cámaras de Motorola solo tenían función de “pre grabado”.
