Un informe de la Contraloría General de la República exigió la reubicación de 38 estudiantes expulsados o sancionados con cancelación de matrícula, por hechos de violencia en liceos emblemáticos.
Todo esto, luego de que el ente fiscalizador revelara que dichos alumnos siguen matriculados en el mismo establecimiento o en otros recintos tradicionales.
Siete liceos emblemáticos
La situación involucra a siete liceos emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia. Estos corresponden al:
- Instituto Nacional José Miguel Carrera
- Liceo José Victorino Lastarria
- Internado Nacional Barros Arana (INBA)
- Liceo de Aplicación
- Liceo Manuel Barros Borgoño
- Liceo 7 de Providencia
- Liceo Carmela Carvajal
Según consignó Emol, la Contraloría, mediante el Informe Final N°660, explicó que se constató que “38 alumnos fueron reubicados o cuentan con matrícula actual, según lo registrado en el Sistema de Información General de Estudiantes, en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento”.
Lo anterior, “sin que hayan sido reubicados de conformidad a lo establecido en el artículo 6°, letra d), del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998”.
También, no se habrían considerado “los principios consagrados en el artículo 3° de la ley 20.370. Esto guarda relación con el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.
Por su parte, un 21% de los 38 estudiantes se reincorporó al mismo establecimiento que los expulsó o canceló la matrícula. En estos casos, acusan que “los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse”.
Respecto al 79% restante, este grupo se trasladó “a otro de los establecimientos emblemáticos situados entre aquellos con más problemas de violencia”.
Exigencia de Contraloría
Bajo este contexto, se ordenó tomar cartas en el asunto a la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación.
“Deberán adoptar coordinadamente las medidas pertinentes conforme con sus facultades instructivas, reglamentarias y dictaminadoras, según corresponda”, comentó Contraloría.
Las medidas tendrán que regular “el procedimiento y las facultades de los intervinientes en aquel, para la reubicación en nuevos establecimientos educacionales”.
Las coordinaciones “deberán ser informados por medio del Departamento de Auditoría en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe”. La fecha en cuestión fue el 19 de marzo.
Habla el subsecretario de Educación
De acuerdo a Emol, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, afirmó que los estudiantes serán reubicados, ya que “nosotros asumimos el Gobierno y nos toca dar respuesta a una auditoría que se hizo, en rigor, en el período anterior”.
“Al mismo tiempo, entra una variable nueva que es la Ley de Convivencia, que tiene una regulación expresa en esa materia”, sostuvo.
Asimismo, planteó que “tenemos que, de alguna forma, juntar ambas cosas, tanto la observación de la Contraloría como lo que la nueva ley indica, para poder dar como resultado un procedimiento acorde a la ley”.
