La Contraloría General de la República detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a 16 personas con antecedentes por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas para desempeñar funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024.
El organismo contralor también detectó la contratación de 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile, entre ellos una persona que mantenía una orden de expulsión administrativa pendiente.
Según consignó 24Horas, los antecedentes forman parte del Informe N°194.2025, documento que además derivó en un reparo por $315.645.819 para recuperar recursos fiscales. Fue remitido al Ministerio Público para los fines que correspondan.
Entre los hallazgos detectados por Contraloría destacan:
-16 personas con antecedentes penales fueron contratadas para el proceso censal.
-14 extranjeros no estaban habilitados para trabajar en Chile.
-Más de 130 contratados no acreditaron los requisitos educacionales exigidos para sus cargos.
-El INE no pudo acreditar labores realizadas por 515 censistas que recibieron pagos por más de $166 millones.
-Se detectaron 267 personas que mantenían contratos simultáneos con otras instituciones públicas, antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público.
El organismo pagó más de $134 millones en traslados el 1 de mayo de 2024, pese a que ese día no hubo labores censales.
Contraloría cuestionó la falta de planificación sobre el destino de 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes adquiridos para el proceso.
Además, la auditoría observó pagos no justificados por más de $49 millones asociados a contratos de arriendo que se extendieron más allá del período efectivo del Censo.
Tras la auditoría, la Contraloría ordenó al INE instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
Asimismo, formuló un reparo por más de $315 millones y remitió los antecedentes al Ministerio Público para los fines que correspondan.
