La presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Natalia Romero, junto con el integrante de la Comisión de Pesca, Sergio Bobadilla, y el diputado por la Región de Los Ríos, Daniel Lilayu, cuestionaron las acusaciones que realizaron dos organizaciones chilenas.
Estas, en el marco de una investigación que realizó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para evaluar la aplicación de nuevas tasas arancelarias a distintos productos nacionales, denunciaron una supuesta existencia de “trabajo forzoso” en la salmonicultura y en la agricultura.
Se trata de la Fundación Libera y la ONG Ecocéanos. Cuyos representantes -tal como lo hizo una comitiva encabezada por la Cancillería- viajaron hace dos semanas a Washington para participar en las audiencias convocadas por la USTR, lugar donde acusaron supuestas malas condiciones laborales.
En ese contexto, tras la denuncia realizada por las dos organizaciones, este jueves el gobierno de Estados Unidos decidió aplicar un arancel de un 12,5% a una serie de productos chilenos. Desatando la molestia en el sector de la salmonicultura y la agricultura, así como en los legisladores de la UDI.
Oficiarán a distintas reparticiones del Estado para saber si ambas ONG reciben financiamiento público
Los integrantes de la bancada gremialista anunciaron que oficiarán a las distintas reparticiones del Estado para conocer si, eventualmente, ambas ONG reciben financiamiento público. Agregaron que “resultaría incomprensible que estas dos organizaciones estén utilizando recursos que pertenecen a todos los chilenos para desacreditar la imagen internacional de nuestro país. Atentar contra sus intereses y poner en entredicho dos importantes actividades productivas”.
“Es legítimo que cualquier organización plantee sus diferencias o denuncias cuando corresponda. Pero recurrir a un organismo extranjero para formular acusaciones irresponsables por motivos ideológicos, cuestionando la institucionalidad laboral chilena y desacreditando al país en un proceso que podía afectar nuestras exportaciones, constituye una señal de una enorme irresponsabilidad.
Chile cuenta con una institucionalidad laboral sólida y con organismos fiscalizadores que tienen, precisamente, la función de investigar y sancionar cualquier vulneración de derechos”, cuestionaron los parlamentarios.
Añadieron que “es fundamental revisar si las organizaciones reciben un financiamiento público para así evaluar si corresponde mantenerlo”.
Emplazaron a las dos ONG a entregar toda la información a Fiscalía
Los diputados Romero, Bobadilla y Lilayu emplazaron a las dos ONG a entregar toda la información ante la Fiscalía. Manifestaron que “si realmente cuentan con antecedentes sobre la existencia de trabajo forzoso en nuestro país, su obligación es acudir a las autoridades competentes y no hacerlo en el extranjero”.
Advirtieron que “si no tienen las pruebas que respalden estas graves acusaciones, entonces estaríamos frente a una operación absolutamente irresponsable. Motivada sólo por razones ideológicas y cuyo único objetivo ha sido dañar la imagen internacional de Chile”.
“Es bastante evidente que detrás de este tipo de actuaciones existe una mirada profundamente ideológica, donde pareciera que el objetivo no es contribuir a mejorar las condiciones laborales. Sino que desacreditar permanentemente a sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país, como la agricultura y la salmonicultura, sin medir las graves consecuencias económicas y sociales que ello puede generar para miles de trabajadores y sus familias”, reiteraron.
