Tras la filtración de detalles del informe de autopsia del niño Tomás Bravo, de tres años, quien fue hallado muerto el pasado 28 de febrero tras nueve días de búsqueda en el sector de Caripilún, en la Región del Biobío, la familia del menor cuestionó y criticó la publicación de la información la cual establece que la causa de muerte fue la hipotermia y la inanición del niño.

El documento iba a ser entregado horas después a la familia del niño, señalando que la data de muerte del cuerpo es de 5 días tras la desaparición, informando, por ende, que Tomás podría haber vivido hasta el día 21 de febrero, con las labores de búsqueda activas, por las causas señaladas por el SML.

También trascendió que la información sería un duro golpe para la tesis del Ministerio Público, que aduce que pudo haber agresión sexual involucrada en la muerte del menor, que tiene el tío abuelo del niño, Jorge Escobar, como único imputado por homicidio simple.

Según el abogado de la familia materna, Pedro Díaz, la filtración del informe forense fue “una bomba” para la familia, y adelantó que se encuentran oficiando al Ministerio de Justicia con el fin de pedir sanciones para el Servicio Médico Legal, puesto que la familia se enteró por la prensa de los detalles del informe, lo que supuso un gran y negativo impacto.

“Teníamos un protocolo para funcionar y definitivamente el Servicio Médico Legal se salta este protocolo. Entonces la familia se entera por la prensa de esta causa de muerte que genera una incertidumbre”, manifestó Díaz, quien además transmitió que la persecutora a cargo de la investigación de la causa, Marcela Cartagena está “descolocada con esto, pues nos saca del trabajo que estábamos realizando”, hecho que la hizo abrir de oficio una investigación para dar con los responsables de la filtración.

“Por sobre todo, esto complica a la madre, a quien yo represento, porque se entera a través de esta información de un hecho tan relevante como es la causa de muerte de su hijo. Imagínese el dolor que le genera, el cargo de conciencia que le genera, y en definitiva se entera por la prensa”, señaló Díaz.

Respecto a los detalles del informe, el jurista manifestó que “nos falta determinar la data de muerte que es muy complicado, porque de esa forma podemos tener otros delitos asociados a esto, que puede ser por ejemplo un secuestro (…) y bajo esa perspectiva hay mucho que investigar”, tomando en cuenta que existen otros informes que establecen una data de muerte diferente para el menor, como el informe entomológico de Labocar, que señala una data de 2 a 3 días desde su desaparición.