La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “extrema preocupación” por la situación del país en materia de Derechos Humanos, acusando un uso “desproporcionado de la fuerza” con los manifestantes.
Es parte del diagnóstico que entregó el relator del organismo, Joel Hernández, luego que terminara oficialmente la visita del organismo en el país.
“La respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de la represión, un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, detenciones masivas, apertura de procesos penales y el envío al Congreso de un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas de algunas modalidades de protesta, en particular las que se ejercen con violencia”, comentó Hernández.
Si bien la CIDH reconoció que Chile cuenta con un sistema democrático y un compromiso con la institucionalidad y el estado de derecho, advirtió que “enfrenta un profundo desafío para sus instituciones democráticas, en el marco de una crisis social que ha producido un trauma extendido en su sociedad y que requiere de medidas decisivas para superarla”.
En este punto, destacó la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría Penal Pública, Contraloría General de la República y la Defensoría de la Niñez, además de instituciones de justicia como la Fiscalía y el Servicio Médico Legal.
“(…) Han recibido, registrado, iniciado investigaciones, denunciado y querellado las distintas denuncias de violaciones a los DDHH”, se consignó.
Asimismo, también valoró la “apertura del Gobierno de Chile para la observación internacional, así como para mantener canales de información y articulación de esfuerzos”, enfatizando que “la rendición de cuentas completa sobre estas violaciones, además de cumplir con una obligación del Estado, es esperada con expectativa por la sociedad”.
Hernández también puntualizó que “el Estado de Chile tiene deudas históricas en relación con la justicia por las graves violaciones a los DDHH cometidas en su pasado. Persisten en el ordenamiento jurídico normas que constituyen obstáculos a la sanción de los más graves crímenes perpetrados durante la dictadura militar”.
El personero, detalló que la protesta social expresa “no solo el malestar de los sectores más pobres y excluidos”, sino también el de “amplios sectores medios que ven seriamente limitadas sus posibilidades de desarrollo”.
“Los números hablan por sí solos. Estamos ante una grave crisis de derechos humanos. Los números hablan por sí solos. La CIDH recibió testimonios de afectados directos y observó documentos audiovisuales de los que se desprende que se han producido disparos de perdigones y de cilindros de gas en dirección al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes. En algunos de estos casos, con la pérdida total de la visión”, se precisó.
Es parte del diagnóstico que entregó el relator del organismo, Joel Hernández, luego que terminara oficialmente la visita del organismo en el país.
“La respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de la represión, un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, detenciones masivas, apertura de procesos penales y el envío al Congreso de un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas de algunas modalidades de protesta, en particular las que se ejercen con violencia”, comentó Hernández.
Si bien la CIDH reconoció que Chile cuenta con un sistema democrático y un compromiso con la institucionalidad y el estado de derecho, advirtió que “enfrenta un profundo desafío para sus instituciones democráticas, en el marco de una crisis social que ha producido un trauma extendido en su sociedad y que requiere de medidas decisivas para superarla”.
En este punto, destacó la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría Penal Pública, Contraloría General de la República y la Defensoría de la Niñez, además de instituciones de justicia como la Fiscalía y el Servicio Médico Legal.
“(…) Han recibido, registrado, iniciado investigaciones, denunciado y querellado las distintas denuncias de violaciones a los DDHH”, se consignó.
Asimismo, también valoró la “apertura del Gobierno de Chile para la observación internacional, así como para mantener canales de información y articulación de esfuerzos”, enfatizando que “la rendición de cuentas completa sobre estas violaciones, además de cumplir con una obligación del Estado, es esperada con expectativa por la sociedad”.
Hernández también puntualizó que “el Estado de Chile tiene deudas históricas en relación con la justicia por las graves violaciones a los DDHH cometidas en su pasado. Persisten en el ordenamiento jurídico normas que constituyen obstáculos a la sanción de los más graves crímenes perpetrados durante la dictadura militar”.
El personero, detalló que la protesta social expresa “no solo el malestar de los sectores más pobres y excluidos”, sino también el de “amplios sectores medios que ven seriamente limitadas sus posibilidades de desarrollo”.
“Los números hablan por sí solos. Estamos ante una grave crisis de derechos humanos. Los números hablan por sí solos. La CIDH recibió testimonios de afectados directos y observó documentos audiovisuales de los que se desprende que se han producido disparos de perdigones y de cilindros de gas en dirección al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes. En algunos de estos casos, con la pérdida total de la visión”, se precisó.
