La Contraloría iniciará un juicio de cuentas en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), cuyo titular es el alcalde Jorge Sharp, para recuperar 931 millones de pesos por el supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y que fue destinada a la compra de distintos elementos para dos liceos de la comuna.

El organismo fiscalizador, al mismo tiempo, envió los antecedentes al Ministerio Público, atendido que los hechos podrían revestir caracteres de delito, en particular una presunta malversación de caudales públicos.

La información consta en una reciente auditoría a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Biobío, donde el organismo ordenó también la realización de un sumario para establecer posibles faltas administrativas.

El organismo contralor detectó actividades comerciales en liceos municipales que incluyen a menores de edad. La auditoría abarcó el período entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2019.

Entre las irregularidades detectadas, la Contraloría mencionó el mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), por ejemplo, en pagos a liceos por $172.608.477 por la compra de buzos, poleras, corbatas, insignias y otros que no pudieron ser acreditados que fueron realmente entregados.

Asimismo, la entidad comprobó que en el Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal se prestaron servicios de coctelería a privados, con personal conformado, entre otros, por menores de edad. No se confirmó que tuvieran permiso de sus padres. Los menores realizaron labores de garzón y cocinero, a cambio de pagos entre los $2.000 y los $20.000.

Por lo mismo, la Contraloría indicó que “la prestación de esos servicios se enmarcó en el desarrollo de una actividad comercial que en nada se vincula con la labor de enseñanza y aprendizaje que les compete a dichos planteles, por lo que remitirá una copia del presente informe a la Defensoría de la Niñez, para los fines que dicha entidad estime pertinentes”.

Además, por estas actividades, la Cormuval pagó remuneraciones por $516.801.420 a 21 trabajadores que ocuparon parte o el total de su jornada de trabajo para cumplir labores relacionadas con el funcionamiento de estas “áreas productivas”, los cuales resultan improcedentes.