La Fiscalía Regional de La Araucanía informó en su balance anual que los delitos de violencia rural en la región bajaron un 43% durante 2022 en relación al año anterior.
Según informó La Tercera, las denuncias vinculadas por este tipo de ilícitos en general pasaron de ser 977 en 2021 a 561 en 2022. La mayor disminución aparece en los delitos de “usurpación y daños” con un 74% menos, pasando de 501 denuncias en 2021 a 173 en 2022. Algo similar ocurre con las “amenazas”, que bajaron de 253 a 110.
Las cifras se enmarcan en la aplicación del estado de excepción de emergencia en La Araucanía y en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Biobío). El decreto estuvo vigente casi todo el año pasado, salvo un lapsus entre el 26 de marzo y el 17 de mayo, en el marco de la instalación del nuevo Gobierno. Desde entonces, ha sido renovado 15 veces en el Congreso.
Con el régimen constitucional, las Fuerzas Armadas prestar apoyo a los operativos policiales en la zona, sin estar autorizadas a realizar procedimientos de esas características por sí mismas.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, indicó que uno de los pilares en la disminución de este tipo de hechos violentos ha sido “la política de persecución”.
“Es lo que ha determinado, por ejemplo, la detención de personas a vinculadas a grupos violentos. Como, así mismo, la persecución de algunos fenómenos delictuales que generan estos hechos de violencia respecto de la sustracción de madera, tráfico de drogas y también la infracción a la ley de control de armas”, señaló el persecutor al citado medio.
Garrido también apuntó a la nueva ley que busca enfrentar el robo de madera: “La sustracción de madera comienza con la usurpación de determinados territorios, luego con la expulsión de los propietarios, el control territorial para poder instalar en esos lugares una faena de extracción ilegal de madera”.
“La cantidad de personas detenidas, las organizaciones, las asociaciones ilícitas que hemos imputado, han demostrado que las herramientas que tenemos son eficaces y esto implica, obviamente, que el comenzar una labor de sustracción de madera con la usurpación ya no sea, desde el punto de vista del mercado delictual, tan rentable”, complementó.
En tanto el delegado presidencial regional, José Montalva, afirmó que la cifra no es “para estar satisfecho, pero sí para iluminar el camino que debemos seguir, para seguir avanzando en materia de seguridad en la región y entregar tranquilidad a los ciudadanos que habitan La Araucanía y que se genere mayor confianza. Para que, a su vez, haya mayor inversión, mayores fuentes de ingresos y mejorar los ingresos de todos los habitantes de la región”.
