Un grupo de diputados de casi todos los sectores políticos presentaron este martes un proyecto de ley denominado “Deuda Maldita”, que busca terminar con una serie de cobros que califican de abusivos para los deudores de créditos bancarios.
La iniciativa se fundamenta en que este año el Banco Central informó que el 75% del ingreso anual de los hogares en Chile corresponde a deuda y que de acuerdo a datos de la Encuesta Financiera de Hogares 2017 del ente emisor, “se estima que hay más de 3,2 millones de hogares con algún tipo de deuda, equivalente a un 66% del total de hogares en Chile”.
Señalaron que según dicho sondeo, los hogares con deuda en Chile gastan, en promedio, el 25% de su ingreso mensual en intereses y amortizaciones, originados de sus obligaciones financieras.
El diputado Griogio Jackson (RD) explicó la urgencia de aprobar el articulado, considerando que “las familias chilenas ya estaban bastante endeudadas antes de la crisis que estamos viviendo y esto solo empeorará si no detenemos las cláusulas abusivas de la banca con sus clientes”.
A su turno la parlamentaria de Comunes, Camila Rojas, enfatizó que “nos interesa particularmente cómo puede beneficiar a los cientos de miles de deudores educativos que están viviendo momentos delicados, como gran parte de la población, y que sin embargo no han recibido ninguna ayuda por parte del Gobierno para aliviar sus deudas por estudiar”.
El legislador de RN, Gonzalo Fuenzalida, explicó también que la iniciativa transversal “busca eliminar todos los costos ocultos que tiene el acceso al crédito hipotecario, de consumo u otros en Chile, y que va directamente en beneficio de los bancos e instituciones financieras como una utilidad sin que el cliente pueda negociar, solamente adherir”.
Añadió que “creemos que con este proyecto de ley vamos a contribuir en una transparencia con respecto al acceso al crédito, pero también que no tenga un costo mayor que como dije antes es utilidad para quienes otorgan estos préstamos”.
– Eliminación de la cobranza extrajudicial y prohibición de traslado de honorarios de abogados a item extrajudicial en materia crediticia. La propuesta señala que estos gastos, así como cualquier otro perjuicio, deban ser acreditados ante tribunales para ser “compensados”, como es la regla general en materia civil. Actualmente todo ese peso cae en la o el deudor.
– Establecer legalmente los “gastos operacionales” y poner reglas para su pago de forma equitativa: paga quién se beneficia del gasto.
– Respecto de cobro de la deuda y de intereses abusivos, proponen una regla de compensación que corrige el sistema de amortización francés y hace proporcional el pago de intereses en caso de prepago y repactaciones. Además establece como tope máximo para el cobro de intereses moratorios el interés corriente, se prohíbe su capitalización y se regula cláusula de aceleración.
–En cuanto a seguros, el texto señala que los seguros ofrecidos deben estar vinculados al riesgo asegurado (no puede venderse cualquier seguro asociado a cualquier crédito). Por esta razón se propone una regla que permita distribuir equitativamente los riesgos asociados a una operación de crédito (prima se pagará en partes iguales entre banco o institución financiera y deudor).
También que cuando los seguros son contratados mediante mandato el deudor pueda dejarlos sin efecto sin mayor procedimiento y finalmente prohibir la generación de incentivos económicos para que vendedores ofrezcan indebidamente la contratación de seguros asociados a productos crediticios. Este último ítem es uno de los reclamos más usuales de los consumidores.
La iniciativa cuenta con las firmas de Camila Rojas (Comunes), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Giorgio Jackson (RD), Alejandro Bernales (PL), Raúl Soto (PPD), Maya Fernández (PS) y los RN Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton y Marcelo Mellado.
La iniciativa se fundamenta en que este año el Banco Central informó que el 75% del ingreso anual de los hogares en Chile corresponde a deuda y que de acuerdo a datos de la Encuesta Financiera de Hogares 2017 del ente emisor, “se estima que hay más de 3,2 millones de hogares con algún tipo de deuda, equivalente a un 66% del total de hogares en Chile”.
Señalaron que según dicho sondeo, los hogares con deuda en Chile gastan, en promedio, el 25% de su ingreso mensual en intereses y amortizaciones, originados de sus obligaciones financieras.
El diputado Griogio Jackson (RD) explicó la urgencia de aprobar el articulado, considerando que “las familias chilenas ya estaban bastante endeudadas antes de la crisis que estamos viviendo y esto solo empeorará si no detenemos las cláusulas abusivas de la banca con sus clientes”.
A su turno la parlamentaria de Comunes, Camila Rojas, enfatizó que “nos interesa particularmente cómo puede beneficiar a los cientos de miles de deudores educativos que están viviendo momentos delicados, como gran parte de la población, y que sin embargo no han recibido ninguna ayuda por parte del Gobierno para aliviar sus deudas por estudiar”.
El legislador de RN, Gonzalo Fuenzalida, explicó también que la iniciativa transversal “busca eliminar todos los costos ocultos que tiene el acceso al crédito hipotecario, de consumo u otros en Chile, y que va directamente en beneficio de los bancos e instituciones financieras como una utilidad sin que el cliente pueda negociar, solamente adherir”.
Añadió que “creemos que con este proyecto de ley vamos a contribuir en una transparencia con respecto al acceso al crédito, pero también que no tenga un costo mayor que como dije antes es utilidad para quienes otorgan estos préstamos”.
¿QUÉ INCLUYE EL PROYECTO?
La iniciativa consta de un paquete de medidas anti abusos que pretende “nivelar la cancha en los procesos de financiamiento a los que recurre la gente” y que consisten en:– Eliminación de la cobranza extrajudicial y prohibición de traslado de honorarios de abogados a item extrajudicial en materia crediticia. La propuesta señala que estos gastos, así como cualquier otro perjuicio, deban ser acreditados ante tribunales para ser “compensados”, como es la regla general en materia civil. Actualmente todo ese peso cae en la o el deudor.
– Establecer legalmente los “gastos operacionales” y poner reglas para su pago de forma equitativa: paga quién se beneficia del gasto.
– Respecto de cobro de la deuda y de intereses abusivos, proponen una regla de compensación que corrige el sistema de amortización francés y hace proporcional el pago de intereses en caso de prepago y repactaciones. Además establece como tope máximo para el cobro de intereses moratorios el interés corriente, se prohíbe su capitalización y se regula cláusula de aceleración.
–En cuanto a seguros, el texto señala que los seguros ofrecidos deben estar vinculados al riesgo asegurado (no puede venderse cualquier seguro asociado a cualquier crédito). Por esta razón se propone una regla que permita distribuir equitativamente los riesgos asociados a una operación de crédito (prima se pagará en partes iguales entre banco o institución financiera y deudor).
También que cuando los seguros son contratados mediante mandato el deudor pueda dejarlos sin efecto sin mayor procedimiento y finalmente prohibir la generación de incentivos económicos para que vendedores ofrezcan indebidamente la contratación de seguros asociados a productos crediticios. Este último ítem es uno de los reclamos más usuales de los consumidores.
La iniciativa cuenta con las firmas de Camila Rojas (Comunes), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Giorgio Jackson (RD), Alejandro Bernales (PL), Raúl Soto (PPD), Maya Fernández (PS) y los RN Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton y Marcelo Mellado.
