“Beatriz Sánchez se convirtió en la número 53”. Así reaccionaron el jefe de la Bancada UDI, Jorge Alessandri, y los diputados Felipe Donoso y Cristhian Moreira, quienes cuestionaron la designación de la exconvencional constituyente como embajadora de Chile en México.

Los parlamentarios denunciaron que ahora van más de 50 contrataciones que el actual Gobierno ha realizado sólo por criterios de amistad o parentesco, refutando de esta manera las declaraciones que ha emitido el Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que “no hay nadie que esté hoy dentro del Estado que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo de alguien”.

Al respecto, los diputados gremialistas aseguraron que “esta administración se comprometió con todos los chilenos a que no habría premios de consuelo ni espacios para el amiguismo, pero no nos olvidemos que Beatriz Sánchez perdió en la elección presidencial y, peor aún, su proyecto de nueva constitución sufrió una aplastante derrota a manos de los chilenos”.

“Hay diplomáticos profesionales que estudian 30 años para hacer carrera y llegar a este tipo de cargos. Sin embargo, el Gobierno prefiere saltarse la fila y otorgarle un premio de consuelo a Beatriz Sánchez, burlándose de quienes han esperado su oportunidad y que sí reúnen todas las condiciones para ser embajador”, cuestionaron, agregando que “pareciera que las autoridades perdieron todo el pudor y ya no les interesa privilegiar los intereses de nuestro país, porque siguen otorgando premios de consuelo a costa de los recursos de todos los chilenos”.

Por lo mismo, Alessandri, Donoso y Moreira criticaron al Mandatario, señalando que su frase respecto a que no existen contrataciones por criterios de amistad o parentesco “en ningún caso se condice con la realidad”, manifestando que hasta la fecha son 52 personas la que ocupan cargos en el Estado y que tienen una directa relación con alguna autoridad o político de la coalición de Gobierno, entre ellos el embajador de Chile en España (por su amistad con Boric); la esposa del jefe de gabinete del Presidente, quien se desempeña en la Subsecretaría de Redes Asistenciales; el seremi de Culturas y el director de Fosis de Magallanes, quienes mantienen una amistad de hace años con el Mandatario; el hermano y primo del ministro Nicolás Grau, quienes trabajan en la Subsecretaría de Servicios Sociales y en Presidencia, respectivamente, entre otros.

“Este Gobierno está rompiendo con todos los límites de la decencia en materia de contratación de familiares o amigos al interior de la administración del Estado. Uno puede entender que personas como la ministra Camila Vallejo asuma un cargo relevante dada la cercanía que mantiene con el Presidente Boric, pero de allí a que los hijos, hermanos, parejas o amistades de algún político -o incluso del propio Mandatario- sean designados sólo por dicha relación, es absolutamente indecoroso e inconsecuente, sobre todo viniendo de una generación que históricamente ha creído tener una superioridad moral que el resto”, cuestionaron los diputados.

En esa línea, Alessandri, Donoso y Moreira advirtieron, incluso, que la actual administración “ha preferido anteponer sus amistades personales por sobre los intereses generales de nuestro país”, refiriéndose al tiempo transcurrido sin un embajador en Brasil -dada la insistencia de nombrar a Sebastián Depolo- y la permanencia en el cargo del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, sobre quien aseguraron que “pese a que está poniendo en serio riesgo el prestigio chileno, sigue en su cargo únicamente por su relación de amistad con Boric”.

“Estas 53 designaciones por criterios de amistad o parentesco son sólo algunos ejemplos de lo que ha ocurrido durante este Gobierno, porque no tenemos ninguna duda de que los servicios o reparticiones de menor tamaño -sobre todo las de regiones- deben estar transformadas en una verdadera bolsa de empleo de los militantes de izquierda”, insistieron los parlamentarios gremialistas, quienes por último recordaron que en abril de este año denunciaron como “premio de consuelo” la contratación de más de 80 personas en cargos de seremis o directores regionales de servicio, quienes en 2021 habían sido derrotados en las distintas elecciones que se desarrollaron.