El exfiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, se excusó de asistir a la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, creada después de los nuevos antecedentes de los vínculos del Mandatario con la compraventa de Minera Dominga en 2010.

Guerra fue el encargado de la investigación del caso Exalmar en 2017, donde se revisó la arista Dominga y se descartó la negociación incompatible y el uso de información privilegiada.

El expersecutor envió una carta a la presidenta de la comisión revisora, diputada Maya Fernández (PS), remarcando que “no es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje, la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del señor Piñera Echeñique”.

Guerra aseguró que la indagatoria que dirigió tenía un objetivo distinto a lo investigado en el libelo acusatorio, por lo que no le pareció “adecuado mezclar ambos niveles de responsabilidad cuando tienen fuentes y contenidos de distinta naturaleza”.

Respecto a la apertura de una causa penal por el tema, el exfiscal señaló que “no me corresponde emitir comentarios ni opiniones en respeto del trabajo que lleva adelante la señora fiscal regional de Valparaíso, la cual se refiere además a eventuales delitos tributarios, de soborno y cohecho, todos distintos a aquellos que me correspondió investigar”.

La acusación constitucional surgió tras conocerse los nuevos antecedentes que salieron a la luz en la investigación “Pandora Papers”, que detalla la compraventa del proyecto minero-portuario Dominga que la familia Piñera-Morel hizo con Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.

De acuerdo a la filtración, en la transacción había una clausula que señala que el pago de la tercera cuota estaría condicionado a que el sector donde se va a construir la instalación no se declare zona de exclusión.

Pese a que la causa del 2017 terminó con el sobreseimiento del Mandatario, la Fiscalía Nacional decidió abrir una nueva pesquisa por eventuales delitos tributarios, ya que la anterior se habría hecho en base a un preacuerdo y no al contrato original. Según trascendió, la polémica cláusula no habría sido considerada en dicha indagatoria.

Consultada por sus razones para citar a Guerra, la diputada Fernández recordó que este concedió una entrevista refiriéndose al caso: “Creo que era importante si ocurrió en los medios, por qué no sale en la comisión donde estamos abordando un tema de suma importancia”.

Junto a la parlamentaria PS, la mesa también está integrada por los diputados Raúl Florcita Alarcón (independiente), Paulina Núñez (Renovación Nacional), Virginia Troncoso (ex Unión Demócrata Independiente) y Pepe Auth (Independiente).

Tampoco asistieron a la comisión el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza.

Para que el libelo acusatorio se apruebe, deberá contar en el pleno con un respaldo de mayoría absoluta, es decir, 78 diputados y diputadas en ejercicio, independiente de si ese día votan o no. De ser el caso, todo pasaría a quedar en manos del Senado, que funcionará como jurado, donde deberá ser visada por un mínimo de dos tercios de los y las legisladoras, lo que se traduce en 29 votos.