En este escenario y ya en poder de la justicia chilena es que el defensor de “Ramiro”, pidió al magistrado la media prescripción de las condenas que sólo cumplió por tres años antes de fugarse y así rebajar las dos penas que debe purgar. Por ello, la solicitud apunta a que la pena total de 40 años se reduzca y, adicional a eso, se abonen los 16 años que estuvo en detención provisoria en Brasil mientras se tramitaba ser extraditado. Así, la sentencia podría llegar a 11 años. Cabe recordar que el trato entre los gobiernos de Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro, para facilitar el retorno de Hernández Norambuena, fue éste no debe cumplir más de 30 años de presidio en Chile, por lo que si se le ajustaba únicamente esa condición, la sentencia sería de 27 años.
Es a esta pena a la que apunta el Ejecutivo, que enfatizó que según versa el convenio suscrito con ese país, no habría años de abono por tratarse de un delito distinto al cometido en Brasil, donde estuvo recluido varios años.
La posición del gobierno y la defensa generaron una polémica que el juez Carroza, quien está en la quina para llenar una vacante en la Corte Suprema, zanjó diciendo que a la luz de todos los antecedentes que él posee y los términos de la extradición iba a resolver en derecho. De allí que Espinoza, señalara que tanto él como la familia del frentista están “confiados que el ministro actúe dentro de la órbita de su competencia, con absoluta independencia e imparcialidad y que falle conforme a derecho. No podemos esperar otra cosa”.