Con 103 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este martes la idea de legislar el proyecto “Escuelas Protegidas”.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales. Entre sus medidas, destaca la revisión de mochilas y bolsos a los estudiantes. Y la prohibición de otorgarles gratuidad por cinco años a aquellos que fueron condenados por delitos contra personas o la propiedad.
Según consignó Radio Cooperativa, con la aprobación del proyecto -que había contado anteriormente con el visto bueno de la Comisión de Educación-, comienza ahora su debate en particular.
Durante la discusión, se ingresó una veintena de indicaciones principalmente por parlamentarios de oposición. Estos han manifestado su resistencia al proyecto.
Sin embargo, también se han presentado diferencias al interior del oficialismo en torno a la idea de prohibir la gratuidad por cinco años.
El diputado UDI Sergio Bobadilla sostuvo que “no más gratuidad para los que destruyen la educación en nuestro país. Que estos delincuentes trabajen, como hacen miles de estudiantes a lo largo del territorio”.
Su par de RN Ximena Ossandón puntualizó que “no es lo mismo una persona que comete un delito siendo escolar en una etapa formativa, que alguien que ya se encuentra en la educación superior”.
“En el caso de los jóvenes en etapa escolar, (se les) aplica una sanción que les impide acceder a la gratuidad en el futuro. Eso es, derechamente, cerrarles el principal camino de movilidad e integración; esa sanción no debería aplicarse a los escolares de un colegio”, sostuvo.
El diputado PS, César Valenzuela, cuestionó que “la amplitud con la que está redactado (el proyecto) permite expulsar no sólo a quienes ejercen violencia, sino también a estudiantes que se movilizan pacífica y legítimamente”. Añadió que “advertí de esto detalladamente al ministro (de la Segpres, José) García Ruminot, y no se corrigió. Por lo tanto, no puedo sino concluir que el Gobierno se está aprovechando de la crisis de violencia para amedrentar todo indicio de movilización estudiantil”, consignó el medio citado.
Arzola: Desde el Ejecutivo no tienen “dobles intenciones”
La ministra de Educación, María Paz Arzola, tomó nota de las intervenciones parlamentarias y expresó que, desde el Ejecutivo, no tienen “dobles intenciones. Lo que se ha presentado es lo que se ha dicho y, si hay algo que no se entiende, está la disposición para precisarlo”.
Asimismo, afirmó que acogerán “una sugerencia de la Democracia Cristiana de poder circunscribir a la inhabilitación de la gratuidad la comisión de delitos cometidos en el espacio escolar en las inmediaciones”.
