La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reglamento modificado que ingresó el Ministerio de Transportes para la Ley Uber.
La medida flexibilizaba los requisitos de entrada para los puestos de trabajo en aplicaciones de transporte.
La Contraloría objetó el decreto del ministerio al estimar que la propuesta carecía de fundamentos suficientes. Esto para justificar una rebaja en las exigencias aplicables a los taxis.
A través de un oficio, emitido el 10 de junio, el organismo encabezado por Dorothy Pérez resolvió no dar curso al Decreto N° 94 de 2026, que modificaba el decreto supremo N° 212 de 1992, consignó Radio Cooperativa.
Según detalló la entidad, “el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi”. Entre ellos la antigüedad máxima del vehículo y la antigüedad mínima para una primera inscripción.
En el expediente no constaban los “fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas”
Sin embargo, Contraloría advirtió que en el expediente no constaban los “fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas”. Ni tampoco las razones por las cuales la medida no fue sometida a consulta pública.
El organismo agregó que, si bien corresponde a la Administración definir las exigencias para este tipo de servicios. Las modificaciones propuestas implicaban una disminución en los estándares y la calidad del servicio que actualmente reciben los usuarios, consignó Cooperativa.
Recordó además que los actos administrativos deben estar debidamente sustentados en fundamentos racionales, evitando decisiones que puedan ser consideradas arbitrarias o que eventualmente constituyan una desviación de poder.
Contraloría indicó que el Ministerio de Transportes deberá establecer un plazo determinado para que los servicios de taxi básico, ejecutivo o de turismo comuniquen su adscripción a una empresa de aplicación de transportes.
