El nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó este jueves, tras sostener una reunión con el Pleno de la Corte Suprema en el Palacio de Tribunales, que la discusión en torno a los indultos presidenciales se volvió “estrictamente jurídica”.

Indicó que no es una opción atendida la ofensiva de la derecha, que recurrió a la Contraloría en Contraloría y y ahora pretende hacer lo mismo ante el Tribunal Constitucional.

El titular de Justicia descartó levantar un sumario administrativo al interior de la cartera debido al caso.

Cordero asumió en reemplazo de Marcela Ríos, quien renunció en medio de las críticas suscitadas por los 13 indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric, 12 a condenados por delitos ocurridos en el estallido social y uno al exfrentista Jorge Mateluna.

Consultado por el tema tras su primera reunión con la Corte Suprema, Cordero aludió a una columna del exministro del máximo tribunal y hoy profesor de Derecho Administrativo, Pedro Pierry: “Yo creo que revela bastante bien el dilema de derecho administrativo que está asociado a los indultos, es decir, los efectos, las posibilidades y sus limitaciones”.

“Lo digo porque cualquier opinión que sobre esos papeles uno tenga, tiene que ver con esas restricciones formales y jurídicas, que para esto son extremadamente relevantes. Para decirlo de otra manera. Son las más importantes”, subrayó.

El secretario de Estado mencionó que “existen tres solicitudes de dictamen a Contraloría, la que ha solicitado el informe del ministerio, que tiene que evacuarse en los próximos 10 días, probablemente va a existir una prórroga. Es en ese informe donde está la explicación procedimental y las cuestiones procedimentales desde el punto de vista jurídico, al ejercicio de la potestad de indulto”.

A ello sumó que “la oposición ha anunciado dos requerimientos al Tribunal Constitucional en contra de esos decretos. En consecuencia y yo creo que es relevante, hoy la discusión ha quedado trabada sobre las consecuencias jurídicas de los indultos. Y -en mi opinión- en ese espacio se va a mantener por lo menos en las siguientes semanas”.

“Logro entender la inquietud política. Pero desde el punto de vista técnico, las tres solicitudes de dictámenes de Contraloría y los dos anunciados requerimientos (al TC) llevan a que la discusión de indultos quede trabada como una discusión estrictamente jurídica”, recalcó.

De esta manera, subrayó que desde el punto de vista jurídico, la discusión “se va a resolver en la próxima semana o en los próximos meses, dependiendo del instrumento que se termine haciendo. Mientras esté en ese espacio, ese va a ser el espacio en que el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia va a informar y va a evaluar”.

Ante las “desprolijidades” mencionadas por Boric, Cordero aclaró que “no puedo ser intérprete del Presidente, él es el que ha expresado su opinión, pero también ha precisado a lo que se refiere, y es una afirmación vinculada a cuestiones políticas. Eso tuvo consecuencias, una de esas es que ustedes me tienen acá”.

Respecto a responsabilidades administrativas, el titular de Justicia indicó que también “son resultado de consecuencias jurídicas. Y mientras esta sea planteada como una discusión jurídica, mientras se plantee en esos ámbitos, no por el Ejecutivo, sino por la oposición, en ese espacio se mantendrá”.

De todas formas, explicó que “las responsabilidades disciplinarias son algo que, por ahora, no forman parte de la discusión. Fundamentalmente, porque el Gobierno tiene que responder a los oficios de Contraloría y esperar el requerimiento que ha anunciado la oposición al Tribunal Constitucional”.

“En el sistema institucional chileno, un acto administrativo, legalmente emitido, que ha producido sus efectos -esto lo dice la ley- tiene presunción de legalidad. Y mientras esa presunción de legalidad no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho”, sentenció al respecto.

REUNIÓN CON LA SUPREMA

Sobre su reunión con la Suprema, el secretario de Estado valoró que “fue no solo una conversación protocolar, sino que también fue una conversación sobre algunos aspectos clave. Esto es relevante por varios motivos que me parece relevante destacar, el primero es que es un año importante para la Corte Suprema, cumple 200 años, es un año del debate constitucional, dada la reforma constitucional aprobada ayer. Por lo tanto, es muy relevante la forma y modo en que construimos las instituciones de justicia”.

Explicó que “conversamos sobre la eficacia de algunas instituciones, para que el sistema institucional funcione razonablemente bien. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo una serie de servicios públicos que, si funcionan deficientemente, el sistema de justicia entero pasa a tener defectos y problemas”.

“Ha sido una conversación muy productiva, y también diría cordial y acogedora. Lo que tiene mucha relevancia no solo para el Gobierno, sino que para mi en particular”, añadió.

Finalmente, Cordero fue consultado por el reportaje de Ciper Chile que reveló que el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, emitió 57 boletas a Lo Barnechea cuando Felipe Guevara era alcalde de la comuna, lo que genera controversia ya que el persecutor negó tener vínculos con el exjefe comunal durante su exposición en el Senado para su nombramiento.

Al respecto, dijo que “el nombramiento del fiscal Valencia ha sido ratificado por el Senado, su decreto de nombramiento ya se encuentra tomado razón, y hoy asumió funciones”.

“Pero además, hay un aspecto constitucional relevante. El fiscal nacional y la Fiscalía Nacional es una autonomía constitucional, respecto de la cual el Ejecutivo no tiene ningún vínculo, de dependencia ni de supervigilancia. Cualquier respuesta a esa pregunta, es algo que tiene que responde el Ministerio Público, en particular el fiscal Valencia”, sentenció.