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“Se presentaron pruebas de conversaciones de WhatsApp que revelaron negociaciones previas sobre la contratación del joven para cometer otros asesinatos, incluyendo discusiones sobre tarifas para realizar estos trabajos”, explicó el fiscal Paul Martinson.

Las imágenes muestran a tres individuos, aún desconocidos y vestidos de manera similar a la Policía de Investigaciones, trasladando a Ojeda por un pasillo, ascensor y luego subiéndolo a un vehículo.

Jacqueline Caru criticó duramente el proceso judicial, lamentando que un juicio de dos meses con la participación de tres jueces y numerosos testigos y pericias no haya servido de nada. Además, expresó su desilusión por la falta de apoyo por parte de la PDI.

De acuerdo a lo informado por la Cancillería, los nuevos representantes diplomáticos ya recibieron el beneplácito de los respectivos países.

La situación ocurrió este jueves, en la previa del partido entre el Cacique y Godoy Cruz por la Copa Libertadores, y la víctima denunció que luego de salir de un hospital, fue abordada por el sujeto, quien se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de amigos en la vía pública.

La capitán Carolina Rosales, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, indicó que la pareja señaló que los sujetos a rostro descubierto y premunidos con armas de fuego “comienzan a intimidar a las dos víctimas, haciéndolas descender del vehículo, sustrayéndole sus especies, lesionando a uno de estos con la empuñadora de un arma en su cabeza”.

Paola Assael, de Black & White –encuesta que publica Emol- comentó que “hemos visto que el reconocimiento al legado del expresidente Sebastián Piñera ha sido transversal. En esta misma línea, la mayoría piensa que las querellas y recriminaciones que recibió fueron más allá de lo justo y razonable, tal como expresó el Presidente Boric en el funeral”.

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En su programa “Con el Mazo dando”, el número dos del chavismo en Venezuela, mencionó a uno de los denunciantes, Iván Simonovis, exjefe de Inteligencia de la oposición que vive en Miami e ironizó sobre esta hipótesis.

La fiscalía argumentó que Francisco Gajardo Quiroga carecía de las licencias necesarias para realizar estas actividades, al igual que del equipo y personal requerido para garantizar la seguridad de sus clientes.