Nacional

Luis Cuello acusó que “es muy necesario recurrir al Tribunal Constitucional porque ocurre en un hecho inédito, nunca antes el Congreso había modificado un fallo judicial en beneficio de grandes grupos económicos que han hecho mucho lobby. Ese perdonazo y salvataje no es aceptable, no se pueden tolerar más abusos contra la población”.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Roberto Escobar, dijo a Radio Biobío que “la manifestación de hoy salió espontánea por parte de los funcionarios del complejo. No damos abasto, estamos desesperados”.

La ceremonia se realizó en el edificio del Tribunal Calificador de Elecciones de calle Compañía, en el centro de Santiago, hasta donde llegaron las máximas autoridades civiles del país, encabezadas por el Mandatario y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

Juan Eduardo Fuentes, al ser consultado si apoya o no a la ministra Ángela Vivanco, respondió que “yo no puedo estar diciendo que respaldo o no respaldo, porque si hay un tema que llega al Pleno, en el Pleno se analiza y se toman los acuerdos”.

Según información preliminar, el lugar estaba compuesto de 45 habitaciones donde vivían 14 familias. No había ocupantes al momento del procedimiento, por lo que no hubo detenidos. Sin embargo, fueron decomisados los muebles y otros enseres.

Desde el Colegio Médico Veterinario comunicaron que se trata de un caso de maltrato animal, por lo que hicieron un llamado a denunciar la situación.

La consejera constituyente relató que su infancia “fue dura, no lo pasamos bien, mi mamá trabajaba sola, tuve situaciones muy complejas ahí. Pero me saco el sombrero, porque mi mamá salió adelante”.

El acusado Miguel Ángel Candia se desempeñaba en la Municipalidad de Peñalolén, la cual decidió desvincularlo tras la detención. Anteriormente, había sido jefe de informática de la Presidencia y director de Administración y Finanzas de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

De acuerdo a los antecedentes policiales, los hechos se registraron a contar de las 7:30 horas de este lunes en una vivienda ubicada en calle Juárez Larga, donde los cinco extranjeros llegaron armados y amenazaron a los ocupantes con el fin de tomarse el inmueble.

El abogado Francisco Javier Campos, en representación de la mencionada afiliada, ingresó una acción legal para aclarar los alcances de la resolución de la Suprema. “La existencia de cualquier punto dudoso relacionado con alguno de los asuntos regulados en la presente sentencia sólo puede ser objeto de aclaración en este proceso en particular, lo que justifica el actuar del suscrito en la presente causa”, señala el escrito, según recoge Radio Biobío.