Política

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, en conversación con Radio Pauta, dijo que se trata de un “hecho gravísimo que afecta a un ciudadano venezolano que estaba en carácter de refugiado en Chile. Si es que además esto se consolida en la dirección que pudiese haber sido un comando venezolano que interviene en territorio chileno, es más grave aún”.

El senador de RN sostuvo, en Tele 13 Radio, que “quiero dar fe que acá se actuó de manera rápida levantando la Alerta Temprana en Interpol y pidiendo resguardo de nuestras fronteras y advirtiendo sobre la situación de manera temprana frente a una solicitud que hizo la propia fiscalía a los ministerios respectivos”.

Durante la tarde está previsto que el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, preste declaración y que este viernes lo haga la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

A través de un comunicado, el partido argumentó que “los hechos por los cuales es acusada la concejala no representan el espíritu de la militancia de Convergencia Social y va en contra de nuestros principios, en los que la probidad y la transparencia son ejes del quehacer en nuestros espacios de representación. Cualquier situación que ponga en riesgo la confianza pública nos parece intolerable”.

El diputado de Amarillos e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara ingresó el oficio. De acuerdo con el requerimiento del parlamentario, “cercanos al exmilitar indican que los presuntos secuestradores serían funcionarios activos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del gobierno de Venezuela. De confirmarse lo anterior, significaría que se estarían desarrollando operaciones de contrainteligencia en Chile por parte de fuerzas armadas extranjeras, lo cual constituye una gravísima violación a la soberanía nacional”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que “lo que importa es el resguardo de la integridad física de la eventual víctima”. La autoridad realizó un punto de prensa en La Moneda luego de participar en una reunión de emergencia en la que estuvieron presentes la ministra del Interior, Carolina Tohá, el canciller Alberto van Klaveren y el titular de Justicia, Luis Cordero.

La entidad explicó que el colectivo no pudo demostrar el uso adecuado de 872.204.645 pesos, cantidad que aún no ha sido devuelta, por lo que se ha requerido al CDE que intervenga para recuperar los fondos provenientes de aportes del Estado.

“Eso es extremadamente peligroso, porque significa que claramente puede haber reajustes muy abusivos terminada la ley corta, que haga que se fugue una gran cantidad de gente, que se judicialice de nuevo este tema”, explicó el parlamentario del PS.

La decisión fue tomada en una polémica votación secreta, en la que participaron los seis concejales de la comuna, tras un empate en la segunda vuelta de sufragios.

María José Hoffman, secretaria general de la colectividad, sostuvo que el magistrado “está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado” y por esta razón merece ser suspendido de sus funciones. “Lamentablemente no ha estado a la altura y se ha saltado el Poder Judicial y se ha asaltado también a Gendarmería y al propio Gobierno”, agregó.