Política

Desde la Región de Atacama, el Mandataio sostuvo este viernes que “yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado ante la justicia, y en la medida en que amerite responsabilidad política, se hará valer la responsabilidad política”.

El asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, en declaraciones a Radio Universidad de Chile, indicó que “los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que, sucesos posteriores a ese Golpe, son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.

La vocera de La Moneda sostuvo que “acá no hay ningún giro ni nada y tampoco se trata de blindar, eso no es una palabra que ha usado el Presidente. No hay un blindaje, el Presidente lo que ha dicho es que no podemos hacer pagar justos por pecadores y, en segundo lugar, cuando empezamos a señalar que todos deben renunciar o que toda fundación es una institución corrompida, es porque al final diluimos las responsabilidades políticas”.

El senador Juan Ignacio Latorre, sobre su cambio de discurso respecto a su apoyo en primera instancia a la parlamentaria, indicó que “el caso es complejo, ha ido evolucionando, hay nuevos antecedentes que fueron surgiendo”.

El parlamentario Andrés Longton sostuvo que “la verdad es que hay una nebulosa respecto a la información que, según el registro de colaboradores, debería entregarse, (ya que) podrían ser más y los montos, según medios de comunicación, son mayores. Pero de acuerdo a las páginas que uno ingresa por Transparencia, esos montos no son los que efectivamente se informan por otros medios”. El oficio apunta a Enred, un Techo para Chile, ProCultura y Posible otro Chile.

Daniel Andrade es el representante legal de Democracia Viva, también es expareja de la diputada Catalina Pérez, en tanto que Contreras fue el seremi de Vivienda de Antofagasta que transfirió los 426 millones a la fundación. La colectividad, mediante un comunicado, sostuvo que “continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública”.

Javier Macaya, en entrevista con Radio Cooperativa, sostuvo que “a mi juicio, cuando estás en un cargo tan importante como el de ministro de Estado, hacer o generar un convenio o, incluso, si no tuviste la precaución de fiscalizar que esas entidades con las que se firmaban estos convenios no tuvieran una mínima experiencia en la materia, obviamente hay una responsabilidad política que puede (derivar en una acusación constitucional), en caso de ser así el camino”.

El diputado de Convergencia Social sostuvo, en el programa Sala de Ensayo de 13C, que lo ocurrido con Democracia Viva “es una situación muy complicada que obviamente no ayuda, porque te deja frente al país marcado por un caso que pareciera ser un acto de corrupción”.

La indagatoria surgió luego de que Felipe Heusser, excoordinador de la campaña, enviara una misiva al Consejo para la Transparencia (CPLT) para aclarar el rol que tuvo la fundación que está en el ojo del huracán en el denominado Caso Convenios.

En un documento dado a conocer por La Tercera, Andrade señaló a RD que “no puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”.