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Sube la presión contra obispos encubridores de curas pederastas en EEUU

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Una exhaustiva investigación que reveló que 300 curas católicos abusaron al menos de mil niños en Pensilvania aumenta la presión en Estados Unidos para endurecer las leyes y aplicarlas a los líderes de la Iglesia que encubrieron estos crímenes durante décadas.

Dos días después de la publicación del informe, el Vaticano afirmó el jueves que siente “vergüenza y dolor”, y aseguró que el Papa está del lado de las víctimas.

“Las víctimas deben saber que el Papa está de su parte. Aquellos que han sufrido son su prioridad, y la Iglesia quiere escucharlos para erradicar este trágico horror que destruye la vida de los inocentes”, dijo el Vaticano.

La investigación, la más exhaustiva jamás realizada en Estados Unidos sobre el tema, señala que la cifra de menores abusados por sacerdotes católicos “está en los miles” en Pensilvania.

Pero la mayoría de los crímenes fueron cometidos hace tanto tiempo que prescribieron.

Para evitar nuevos abusos, el informe recomienda endurecer las leyes para obligar al liderazgo de la Iglesia a reportar los crímenes, eliminar el límite de tiempo máximo para denunciar todos los casos de abuso sexual de un menor y alargar el plazo para que las víctimas puedan exigir indemnizaciones.

CASTIGO PARA LOS ENCUBRIDORES

“Espero que como resultado del informe el liderazgo de la Iglesia católica comience a estudiar en serio la manera de responsabilizar a los obispos, que no cometían abusos pero transferían a los curas abusadores” de una diócesis a otra, dijo a la AFP Lisa Fullam, profesora de Teología Moral de la Universidad de Santa Clara, en California.

Ni desde el Vaticano ni en Estados Unidos “la Iglesia católica ha manejado de manera adecuada el tema de los obispos que encubrían los abusos”, estimó.

La llamada “Carta de Dallas”, aprobada por los obispos católicos estadounidenses en 2002 tras el estallido del escándalo de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes en Boston, fue un avance para intentar disciplinar a los abusadores. Pero solo se aplica a los sacerdotes, no a los obispos.

La ley debería “aplicarse muy claramente” a los casos de encubrimiento, estima Leon Podles, autor del libro “Sacrilegio: abuso sexual en la Iglesia católica”.

Durante la investigación de su libro, descubrió que muchas veces los curas abusadores de la costa este eran transferidos a parroquias en el oeste del país con fieles hispanos o de origen indígena, por ejemplo en Texas, Nuevo México o California, “porque los niños no tendrían las palabras para describir lo que les estaba ocurriendo”.

MÁS TIEMPO PARA LAS VÍCTIMAS

Michael Moreland, profesor de ley y religión de la Universidad de Villanova, una universidad católica en Pensilvania, cree que “habrá nuevos esfuerzos en varios estados, incluido en Pensilvania, para implementar cambios al máximo de tiempo fijado” para denunciar abusos sexuales de menores.

El legislador estatal de Pensilvania Mark Rozzi, que fue violado por un sacerdote cuando tenía 13 años, dijo a la AFP que “la primera parte era llegar a la verdad y la segunda parte es hacer justicia y lograr un cambio dramático en la ley que fija un plazo máximo para presentar cargos tras la ofensa”.

Rozzi desea eliminar completamente este plazo para todas las personas abusadas cuando eran menores de edad, y cambiar la ley para que las víctimas puedan presentar una demanda civil en los dos años posteriores a la entrada en vigencia de la legislación, sin importar cuándo ocurrió el abuso.

Entre 5.700 y 10.000 sacerdotes católicos han sido denunciados por acoso sexual en Estados Unidos, pero solo un par de cientos han sido juzgados, condenados y sentenciados por sus crímenes, según la ONG Bishop Accountability.

“Este es un problema de toda la Iglesia, nunca fue un problema solo de Boston”, concluyó Fullam. “No es un problema local, es nacional, es mundial, y la diferencia es cuánto ha sido expuesto en cada lugar”.

La fiscalía chilena investiga a 158 sacerdotes y laicos de la Iglesia católica por perpetrar o encubrir el abuso sexual de 266 víctimas desde 1960, incluidos 178 niños, niñas y adolescentes.

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