La Comisión Mixta dirimió las diferencias respecto al proyecto de matrimonio igualitario para que siga su tramitación en el Congreso.

El presidente de la comisión, senador Pedro Araya (Indep-PPD), explicó que debieron resolver discrepancias que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta tenía sobre indicaciones realizadas en la Cámara de Diputados, que “tenían que ver con temas de filiación, derechos laborales, y además, actualizar la ley de identidad de género que en su minuto no contemplaba el matrimonio igualitario”.

La diputada Catalina Pérez (RD), quien también integró la mesa, aseguró que “hemos dado un paso importante en los derechos de todas las familias que hoy día se encuentran discriminadas por el Estado al no poder acceder al matrimonio en igualdad de condiciones (…) Esperamos que durante esta semana podamos aprobarlo”.

Quien exhibió su rechazo fue la senadora Luz Ebensperger (UDI). La parlamentaria criticó que “para estas familias homoparentales se había establecido la Unión Civil, porque independientemente de que dos personas adultas pueden hacer lo que estimen, cuando lo que ellos hacen, o las relaciones que creen, afectan a niños, ahí lo que debe ponerse en primer lugar es el interés superior del niño por sobre el derechos de esas dos personas que ya tienen un camino de solución”.

Además de Araya, Pérez y Ebensperger, la mixta estuvo conformada por los senadores Alfonso De Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y los diputados Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Marcos Ilabaca (PS) y Andrés Longton (RN).

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) llamaron a contar con la ley “sí o sí” antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, aseguró que “los y las congresistas no están haciendo ninguna hazaña, pues están avanzando hacia la aprobación del matrimonio igualitario en un momento cuando el debate está más que maduro en la sociedad, con una mayoría favorable hace años. Más aún, esta lucha se inició hace tres décadas, por tanto ha habido un atraso exagerado e injustificado de parte de la clase política”.

En tanto, el también vocero del Movilh, Óscar Rementería, cuestionó que “en torno a los derechos de las personas trans casadas tuvimos un cambio, pero parcial. Hubo transfobia encubierta. Se eliminó la causal de divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal. Pero al mismo tiempo se aprobó que se consulte a la pareja de la persona trans si quiere divorciase o no en caso de la rectificación de la partida de nacimiento”.

“Esto refleja una ignorancia ridícula, temores infundados y transfobia encubierta. ¿Por qué hacer una mención especial a la identidad de género en temas de divorcio? Esto es un estigma, muy similar, aunque más encubierto al de la causal de divorcio culposo por homosexualidad que existía antes”, añadió.

El proyecto de matrimonio igualitario fue ingresado el 28 de agosto del 2017, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, estuvo dormido en el Congreso desde mayo de 2020 hasta el 1 de junio de este año, cuando el Presidente Sebastián Piñera le entregó suma urgencia en el marco de su última cuenta pública.

Según detalló el Movilh en su sitio web, los cambios realizados en la Comisión Mixta fueron los siguientes:

–Garantizar los derechos de filiación a toda persona que se someta a técnicas de reproducción humana asistida, sea cual sea su sexo, orientación sexual o identidad de género.

–Garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, entre otras categorías, para efectos del régimen y ejercicio del cuidado personal de hijos e hijas.

-Eliminar el divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal.

-No prohibir por ley que los derechos de filiación de hijos e hijas puedan determinarse respecto de más de dos personas. En otras palabras, abrirse a la posibilidad de que los derechos filiación de los y las hijos e hijas pueden determinarse respecto de más de dos personas.

-Garantizar los derechos laborales de pre y post natal sin discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.