El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la prisión preventiva para el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado (UDI), tras ser formalizado por el desfalco de al menos $1.069 millones desde las arcas municipales. El tribunal dio un plazo de investigación de 150 días. Será trasladado al Anexo Cárcel Capitán Yáber de Santiago.

La Fiscalía formalizó al jefe comunal por los delitos de malversación de fondos y cohecho, los mismos delitos que se le imputaron a su expareja Belén Carrasco el martes pasado, quien también quedó en prisión preventiva.

Yáñez Maldonado fue detenido la noche de este jueves por la PDI en el exterior de un motel en San Antonio, tras una entrega pactada con su abogado. De inmediato se le trasladó al cuartel de la PDI, que lo buscaba desde el martes tras la orden de captura.

Ese día, el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, solicitó y se acogió una orden de detención en contra del alcalde de Algarrobo por los delitos de malversación de fondos y un delito de cohecho.

“Hemos pedido una orden de detención, por lo que hasta ahora tenemos acreditado, que puede ser una participación en el delito de malversación y un delito de cohecho”, dijo el fiscal tras la formalización de Belén Carrasco Serrano.

La mujer, que tiene un embarazo de 7 meses, fue formalizada el martes. El dinero lo depositó en cuentas de terceros que son investigados. Quedó en prisión preventiva en un módulo especial de la cárcel de San Miguel.

El caso ha causado estupor a nivel nacional por la relación entre ambos imputados y la meteórica carrera de Belén Carrasco en la municipalidad. Entró a hacer la práctica en 2019 y este año ya era jefa de servicio. Además, ambos se fueron de vacaciones a España.

QUERELLA DEL CDE

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE)  presentó una querella en contra de la encargada de Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, Belén Constanza Carrasco Serrano, en calidad de autora del delito reiterado de malversación de caudales públicos, y en contra de todos los que resulten responsables del ilícito, lo que incluye al alcalde José Luis Yáñez.

El CDE estima que los hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023, en el que se malversaron al menos $1.069 millones, son constitutivos del delito que sanciona al empleado público que, “teniendo a su cargo caudales o efectos públicos, los substrajere o consintiere que otros los substraiga”.

La acción del Consejo señala que la querellada, en el ejercicio de sus funciones y manteniendo a su cargo fondos públicos en su calidad de encargada de Tesorería, procedió a adulterar las nóminas de pago a proveedores del municipio, incluyendo al menos a cuatro personas naturales a quienes no les correspondía recibir pago alguno por parte de la entidad edilicia, concertándose con estas últimas con el objeto de sustraer un monto superior a $1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias.

Además, el libelo del CDE agrega que, “con el objeto de cumplir con su cometido, la querellada solicitó la aprobación de los apoderados bancarios quienes autorizaron las irregulares transferencias confiando en los antecedentes adulterados presentados por Carrasco Serrano, verificándose de esta manera cada uno de los elementos del tipo que contempla el delito de malversación”.