Amnistía Internacional (AI) llamó a los gobiernos de Chile y Perú a coordinarse para hacer frente a la crisis humanitaria y migratoria que se vive en la frontera que comparten ambos países, donde cientos de personas sin documentos están varadas tratando de llegar a sus naciones de origen.

Mediante un comunicado, desde la organización señalaron que expresan “su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”.

Asimismo, detallaron que se trataría de al menos 300 migrantes, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, haitiana y colombiana, quienes están “en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”.

Esta semana, el gobierno peruano decretó Estado de Emergencia en la zona fronteriza, lo que permitió un despliegue militar. En el caso de Chile, las Fuerzas Armadas están en el lugar desde hace algunos meses en el marco de la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica.

Al respecto, desde Amnistía Internacional acusaron que “estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular”, lo que habría agudizado la situación actual.

La directora de la entidad para las Américas, Erika Guevara, sostuvo que “al militarizar y cerrar la puerta a miles de personas que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas”.

“Los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación”, añadió.

Guevara afirmó que “cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto dominó”.

“En lugar de acudir a este tipo de medidas que castigan a quienes buscan la protección internacional y una mejor condición de vida, Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos”, agregó.