La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) manifestó su profunda preocupación y rechazo frente a la reciente ordenanza aprobada por la Municipalidad de Independencia que impone restricciones específicas a la circulación de motocicletas, bajo el argumento de enfrentar los delitos cometidos desde estos vehículos.
La organización emitió una declaración pública al respecto.
“Como ANIM, reconocemos y compartimos la urgencia de mejorar la seguridad ciudadana, pero consideramos que medidas como las adoptadas por este municipio no solo son inconstitucionales, discriminatorias y estigmatizantes, sino también ineficaces si se analizan desde la evidencia internacional, como lo demuestra el estudio ‘Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia’”, realizado por la Facultad de Economía de la Universidad colombiana de Los Andes.
“Experiencias como la de Colombia, donde más de 25 ciudades han implementado restricciones similares, incluyendo la prohibición de acompañantes o la circulación en ciertos horarios, han demostrado que este tipo de políticas no reduce significativamente la criminalidad. Estudios académicos de alto nivel concluyen que los efectos son marginales, poco sostenibles en el tiempo y, en muchos casos, generan un simple desplazamiento espacial del delito, además de afectar desproporcionadamente a trabajadores honestos”, indicó.
Añadió que “en Chile, miles de personas utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte laboral, contribuyendo al dinamismo económico y a la distribución eficiente de bienes y servicios. La moto cumple un rol social importante, permite reducir tiempos de traslado, aumentar la cobertura territorial y acceder a oportunidades laborales que el transporte público aún no garantiza”.
“Por ello, hacemos un llamado a las autoridades municipales y nacionales a adoptar una mirada más moderna, inclusiva y basada en datos. La solución a la inseguridad no puede ser criminalizar un medio de transporte completo ni castigar a quienes lo utilizan como herramienta de trabajo”.
“Instamos a que se convoquen mesas de diálogo con gremios, trabajadores y expertos en movilidad para diseñar políticas públicas equilibradas, que mejoren la seguridad sin vulnerar derechos ni limitar el desarrollo laboral”, remarcó.
