La bancada parlamentaria de Convergencia Social ofició al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para que se informe las medidas que adoptará el Gobierno para impedir la circulación de mensajes de privados que vulneren los derechos de la población LGBTIQ+ en el espacio público.

El recurso fue presentado luego de que Marcela Aranda anunciara que el autodenominado “Bus de la Libertad” volverá a recorrer las calles de Chile, exponiendo polémicos puntos de vista sobre temas como la diversidad sexual, la identidad de género y la educación sexual integral, todos criticados por la mayoría de la ciudadanía.

Según señalan en el oficio, estos mensajes infringen normas del derecho interno como la Convención Americana de Derechos Humanos y las leyes dictadas con el objeto de proteger a las personas contra todo acto de discriminación.

Al respecto, la diputada Gael Yeomans advirtió que “no podemos permitir que nuevamente el bus del odio circule por Chile, porque promueve una discriminación gravísima en contra de personas por su identidad de género u orientación sexual”.

“El Gobierno debe oponerse o se transforma en cómplice de quienes vulneran los derechos de la población LGBTI+ y por eso oficiamos para conocer todas las medidas administrativas u otras que se tomarán porque sabemos que este bus genera violencia y es urgente hacerse cargo”, añadió la legisladora.

En tanto, el diputado Gonzalo Winter manifestó que “el ‘Bus de la Libertad’ atenta contra la dignidad de las personas por identidad de género u orientación sexual, no necesitamos más intolerancia en el país, sino avanzar hacia una sociedad inclusiva que no discrimine. Por eso era importante aprobar el proyecto sobre educación sexual integral para ir erradicando las prácticas intransigentes de ciertos grupos de la sociedad”.

Finalmente, Rodrigo Mallea, abogado integrante del Frente de Diversidades y Disidencias de Convergencia Social, aseguró que “la reaparición de este bus es una vulneración directa de derechos LGBTIQA y responde a un problema político del Estado que sigue permitiendo la patologización de identidades diversas y disidentes”.

“Hoy las leyes Antidiscriminación y de Identidad de Género quedan en el papel si no son capaces de protegernos de propagaciones masivas de discursos de odio, que afectan primariamente, a niñes y adolescentes, que son las principales víctimas de la desinformación violenta y estereotipada, cuando en realidad son a quiénes más debemos proteger”, sostuvo.