El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), expuso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados en el Congreso. La intervención se dio en el marco del debate por el proyecto de ley de Escuelas Protegidas impulsado por el Gobierno.
El jefe comunal recordó el ataque incendiario a la rectoría del Liceo José Victorino Lastarria, ocurrido el pasado 31 de marzo. En ese episodio se registraron actos vandálicos, incluyendo barricadas dentro del establecimiento.
El alcalde informó que dos estudiantes fueron detenidos el lunes por portar elementos incendiarios. Además, reveló un antecedente clave en la discusión.
Bellolio señaló que uno de los detenidos habría confesado recibir dinero por participar en los hechos. En la comisión afirmó que “los estudiantes ayer fueron retenidos y luego llegó carabineros y por tanto está haciendo el procedimiento judicial, pero uno de ellos manifestó que le habían pagado por hacer esto”, recogió Emol.
El alcalde también apuntó a la posible participación de adultos en estos actos. Sostuvo que “estamos completamente seguros que hay adultos que han ocupado a menores de edad para destruir los liceos emblemáticos de nuestro país. Y yo creo que en esto quede muy claro que en Providencia creemos en la educación pública de calidad. Sabemos que el efecto que se produce dentro de nuestros liceos no es solamente para Providencia, sino que para toda la Región Metropolitana, y nosotros vamos a defender esa educación pública”.
El caso reactivó el debate sobre el financiamiento de los llamados “overoles blancos”. La confesión del alumno intensificó las dudas sobre quiénes organizan estos hechos y qué medidas deben adoptarse.
Violencia enquistada
La presidenta de la Fundación Escuelas Abiertas, María Paz Larraín, abordó el tema. Indicó que “si se comprueba la acusación hecha por el alcalde Bellolio, esto confirmaría las sospechas que rondan hace tiempo de que habrían adultos que incentivan y organizan a menores para generar violencia con el objetivo de dañar la educación pública”, de acuerdo al citado medio.
Larraín también describió la persistencia del fenómeno en los liceos emblemáticos. Afirmó que “La violencia sistemática de los ‘overoles blancos’, que venimos observando hace años, es un fenómeno enquistado en los liceos emblemáticos. Son acciones de una minoría que terminan secuestrando a comunidades completas que solo quieren estudiar en paz”.
El académico Juan Castañeda, de la Universidad Autónoma, analizó la complejidad del problema. Señaló que “la manifestación de la violencia en las aulas del sistema escolar chileno reviste una complejidad multifacética. En ella convergen elementos de violencia estructural vinculados a la desigualdad y la pobreza, junto a expresiones criminológicas arraigadas en diversos territorios del país, a lo que se suma un innegable componente de violencia política”.
El experto de la Usach, Jaime Retamal, advirtió sobre el impacto en las comunidades educativas. Indicó que “lo que conocemos como ‘violencia no escolar’, esa violencia que se arropa de ‘causas justas’, está ahogando a las comunidades educativas. Quieren reemplazar el fuego del aprendizaje (Montaigne) por el fuego del miedo y la intimidación”.
Retamal también se refirió a la posible existencia de pagos por estos actos. Afirmó que “la escalada debiera parar, sobre todo si hoy ya sabemos que hay “soldados” pagados para enfermar la salud mental de la vida escolar. Ojala no sea cierto. No obstante, si se logra determinar quiénes están detrás de este ‘sicariato’, debiese ser ejemplificador el rol de la fiscalía y la justicia”.
Medidas a corto, mediano y largo plazo
Larraín planteó la necesidad de abordar el problema con distintas estrategias. Sostuvo que “es clave avanzar en el proyecto de ley ‘Escuelas Protegidas’, que facultaría a los sostenedores para incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisión de mochilas, orientada a impedir el ingreso de elementos que puedan ser usados para agredir, dañar la infraestructura o poner en riesgo a la comunidad educativa”.
La experta también propuso cambios en el Sistema de Admisión Escolar. Explicó que “también, es urgente modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), ya que la normativa vigente prohíbe considerar antecedentes conductuales o disciplinarios en los procesos de admisión. Esto produce que un alumno expulsado de un establecimiento pueda postular libremente a otro, sin que los antecedentes de violencia que motivaron la sanción sean considerados en el proceso de admisión. El resultado es un efecto de ‘sillas musicales’ que perpetúa las conductas violentas desplazándolas entre distintos establecimientos: se traslada el problema, pero no se resuelve”.
Sistema de prevención
Finalmente, Larraín enfatizó la importancia de una intervención integral. Indicó que “como sociedad debemos abordar el problema de fondo. Es indispensable fortalecer los sistemas de prevención temprana, mejorar los mecanismos de rehabilitación de estos estudiantes y trabajar de manera integral con las familias y las comunidades escolares”.
Castañeda propuso reforzar la aplicación de normas vigentes. Señaló que “exige priorizar la aplicación efectiva de los reglamentos de convivencia y la normativa de ‘Aula Segura'”.
El académico también llamó a un enfoque estructural del problema. Afirmó que “resulta imperativo que las reglas que definen derechos, deberes y sanciones sean consistentes y se ejecuten rigurosamente, siempre bajo un enfoque de prevención que aborde el origen del conflicto”.
Castañeda advirtió que el fenómeno requiere un consenso amplio. Indicó que “este fenómeno carece de soluciones simplistas; su abordaje requiere de un consenso profundo precedido por una deliberación seria. Actualmente, la sociedad chilena enfrenta el desafío de que ciertos sectores han validado la violencia como un instrumento legítimo para el debate y la lucha político-ideológica. Esta conducta debe ser delimitada y sancionada bajo los principios que establece el Estado de derecho. En este sentido, la escuela como institución, en conjunto con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe actuar de manera coordinada para garantizar que las normas de convivencia escolar sean coherentes con el ordenamiento social general”.
Retamal planteó que el Ejecutivo debe asumir un rol más activo. Señaló que “no sólo debiera dar la señal desde su autoridad, que está muy bien porque es su deber asegurar el derecho a la educación, sino que también desde su rol más educativo, debiera anunciar una serie de medidas creativas para recuperar la convivencia y salud educativa en los territorios. No será un gasto, sino una inversión social muy relevante”.
