El Presidente Gabriel Boric presentó este lunes el informe de la Comisión para la Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado, constituido el pasado 7 de julio a raíz del Caso Convenios.

La instancia fue presidida por la abogada María Jaraquemada e integrada por Ramiro Mendoza Zúñiga, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval Llona y Francisco Agüero Vargas, mientras que la abogada Valeria Lübbert Álvarez apoyó la tarea del equipo como secretaria ejecutiva.

Con 38 sesiones realizadas, la presencia de 42 representantes de la sociedad civil, academia, organismos del Estado, y entidades internacionales, y la recepción de 58 “propuestas ciudadanas”, la comisión emanó un total 46 medidas.

“Luego de apegarnos a los 45 días de plazo establecidos, la comisión generó una hoja de ruta, proponiendo al Presidente incorporar en su mandato 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, expresó Jaraquemada tras entregar el informe al Presidente.

Entre ellas destaca la creación de la ley general de transferencias; ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas y crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile.

Por su parte, el Mandatario dijo que la “creación de esta comisión nace no sólo como una respuesta a la contingencia, sino que también de una convicción muy profunda de la importancia que tiene la sociedad civil para una sociedad más cohesionada”.

“El fundamento de la comisión es combatir la corrupción, pero por sobre todo cuidar la democracia (…) si las personas desconfían de las instituciones se daña la cohesión social y cada peso que se desvía significa reducir las capacidades del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía”, agregó.

El Presidente pidió apoyo “transversal” para lograr avanzar en la implementación de las 46 medidas propuestas por la comisión para profundizar la agenda de probidad y transparencia del Gobierno.

“En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso la forma para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales”, sostuvo Boric.

Boric planteó que 53 de 300 mil instituciones sin fines de lucro están siendo investigadas en el marco del Caso Convenios, por lo que pidió no “enjuiciar” a todas las fundaciones o entidades.

“Los actos impropios o corruptos no siempre pueden evitarse, pero la forma cómo reaccionamos sí puede hacer la diferencia y como Gobierno creo que hemos actuado de manera enérgica para enfrentar esta situación”, puntualizó.