La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que regula y promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) en Chile, el cual establece cuatro niveles de riesgo.
Las normas se aplicarán a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores nacionales y extranjeros, con exclusión de defensa nacional, investigación previa y componentes de código abierto no comercializados como productos de alto riesgo.
Los principios rectores incluyen supervisión humana, seguridad técnica, ciberseguridad, privacidad y protección de datos, además de transparencia, trazabilidad, equidad social y de género, protección ambiental y de derechos de autor.
Los sistemas de IA se clasificarán en cuatro niveles de riesgo:
- Inaceptable: prohibidos (manipulación subliminal, categorización con datos sensibles, reconocimiento facial indiscriminado).
- Alto: requieren control estricto, gestión de riesgos, documentación técnica, supervisión humana, ciberseguridad y seguimiento posterior.
- Limitado: medidas básicas de transparencia y notificación al usuario.
- Sin riesgo evidente: usos generales, sin restricciones adicionales.
El proyecto establece un protocolo de reporte obligatorio ante fallas o daños y crea un Consejo Asesor Técnico de IA con representantes del Estado, academia, sociedad civil e industria.
La Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) será la encargada de fiscalizar la ley y aplicar sanciones, con multas de hasta 20.000 UTM, y podrá coordinarse con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) en casos de amenazas a servicios esenciales.
El proyecto contempla apoyo a la innovación mediante “sandbox” o espacios controlados de prueba, fomenta la participación de empresas de menor tamaño y promueve capacitación y acceso equitativo.
El Ejecutivo levantó la calificación de urgencia, por lo que el texto pasó a una nueva revisión en la Comisión de Futuro.