La iniciativa buscaba, además, solicitarle “al Presidente de la República, a través de una instancia corporativa, que se estudie efectivamente y con la seriedad que corresponde, tener una pena que sea equivalente a la gravedad del delito del que estamos hablando”.
Asimismo, el documento detallaba que es “ineludible detenerse a considerar las causas de la comisión delictiva en sus autores e introducir la ya aquilitada consideración a la dignidad humana y la preeminencia de la vida por sobre cualquier consideración”.
Los parlamentarios que mostraron su apoyo al proyecto fueron Ignacio Urrutia (UDI), Leonardo Soto (PS), Marcelo Schilling (PS), Hugo Rey (RN), Diego Paulsen (RN), Miguel Mellado (RN), Aracely Leuquén (RN), Carlos Kuschel (RN), Harry Jürgensen (RN), René García (RN), Ramón Galleguillos (RN), Camila Flores (RN), Karim Bianchi (PR), Ramón Barros (UDI) y Pedro Álvarez (UDI).