Según informó La Tercera, el empresario colchagüino comparecerá a las 14:00 horas ante la jueza de extradición (S), Andrea Muñoz en la Cuarta Sala del máximo tribunal, donde deberá responder a cada una de las acusaciones que le formula ese país, principalmente, por haber exportado circonio para elaborar bombas de racimo que fueron vendidas a Irak durante la guerra que ese país libró con Irán.
Pero tanto él como su defensa, Joanna Heskia, están tranquilos porque ya tienen afinada la estrategia para enfrentar esta causa, por la que Cardoen permanece con arresto domiciliario en su vivienda de la Región de O’Higgins, donde lleva años asentado.
Los persecutores estadounidenses piden 35 años de presidio y las multas pueden alcanzar los US$ 600 mil para el hombre de negocios, quien –dijo su abogada- así como lo ha sostenido en varias oportunidades, “va a reafirmar todo lo que ha venido diciendo: él no cometió ningún delito, todas las operaciones que él hizo fueron siempre conocidas por Estados Unidos”.
La penalista acotó que los negocios de Carlos Cardoen fueron aprobados por ese país y que por lo tanto, “demostrará con la documentación y la prueba que tenemos, que es inocente y que nunca se cometió delito alguno. Él estaba haciendo negocios perfectamente conocidos por EEUU”.
Entre los cargos que se le imputan al chileno figura, por ejemplo, solicitar o hacer que se solicitaran licencias de exportación para compactos de circonio que indicaban que el material sería utilizado como ‘agente incendiario en gel explosivo para la industria minera’, cuando sabía en ese momento que el material iba a ser usado en pruebas de bombas en Chile.
Además, la estrategia de defensa de Cardoen no solo abordará lo que tenga que ver con el fondo de los delitos imputados, sino que también con algunas cosas de procedimiento penal.
La defensa del empresario también abordará la eventual prescripción de los delitos, presuntamente cometidos entre 1982 y 1989.
Esta no será la primera vez que Cardoen acuda a los tribunales, pues en marzo de este año declaró ante el ministro que lleva la causa, Carlos Aránguiz, por las medidas cautelares a las que tendría que acogerse, antes de tramitar la extradición.