El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió este viernes la solicitud de la Fiscalía Regional de O’ Higgins y suspendió por un año el procedimiento contra Pablo Ovalle, Mariclara González, Andrés Orchard y Patricio Cordero, todos formalizados en el caso Caval.
Se trata de las primeras resoluciones que se toman en esta investigación que se inició en febrero de 2015, tras la compra de terrenos en Machalí en $6.500 millones por parte de la sociedad Caval, los que después vendió en $9.500 millones y en el que también está implicada Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
Cordero estaba acusado por facilitación de facturas falsas, mientras que Ovalle, Orchard y González los estaban por el delito de ventajas indebidas del síndico, ilícitos que conllevan bajas penas y por lo cual la fiscalía buscó una salida alternativa.
En la audiencia se determinó que todos ellos deberán firmar mensualmente en Gendarmería y pagar una multa de 11 UTA (Unidades Tributarias Anuales), cerca de $6.175.000 al valor actual. Además, deben comprometerse a no cometer delitos durante un año.
En la misma audiencia se discutieron las medidas cautelares del síndico Herman Chadwick Larraín, formalizado por ventajas indebidas del síndico, declaraciones maliciosamente falsas o incompletas y omisión maliciosa de declaración. Se le dejó con firma mensual.
Estaba previsto que se discutiera un juicio abreviado para éste último, pero no llegó a la audiencia, sólo lo hizo su abogado, por lo que se descartó esta salida alternativa.
Se trata de las primeras resoluciones que se toman en esta investigación que se inició en febrero de 2015, tras la compra de terrenos en Machalí en $6.500 millones por parte de la sociedad Caval, los que después vendió en $9.500 millones y en el que también está implicada Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
Cordero estaba acusado por facilitación de facturas falsas, mientras que Ovalle, Orchard y González los estaban por el delito de ventajas indebidas del síndico, ilícitos que conllevan bajas penas y por lo cual la fiscalía buscó una salida alternativa.
En la audiencia se determinó que todos ellos deberán firmar mensualmente en Gendarmería y pagar una multa de 11 UTA (Unidades Tributarias Anuales), cerca de $6.175.000 al valor actual. Además, deben comprometerse a no cometer delitos durante un año.
En la misma audiencia se discutieron las medidas cautelares del síndico Herman Chadwick Larraín, formalizado por ventajas indebidas del síndico, declaraciones maliciosamente falsas o incompletas y omisión maliciosa de declaración. Se le dejó con firma mensual.
Estaba previsto que se discutiera un juicio abreviado para éste último, pero no llegó a la audiencia, sólo lo hizo su abogado, por lo que se descartó esta salida alternativa.
