El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en el marco del caso Muñeca Bielorrusa, una de las aristas del denominado caso Audios.
Según publica Radio Biobío, la acción judicial fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a una presunta red de corrupción que involucra a Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco-, cuatro abogados y dos Conservadores de Bienes Raíces.
La querella se dirige nominativamente contra Migueles, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, y los conservadores Yamil Najle (Chillán) y Sergio Yáber (Puente Alto). Además, el CDE incluyó en su presentación a “todos quienes resulten responsables” por eventuales delitos conexos que puedan acreditarse durante la investigación del Ministerio Público.
Según el libelo, los imputados habrían participado en una red de pagos irregulares hacia Migueles, a cambio de gestiones de Vivanco en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM), empresa que mantenía un conflicto judicial con Codelco tras la finalización anticipada de un contrato.
El documento sostiene que Vivanco, entonces integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, habría dictado resoluciones favorables al consorcio, vulnerando sus deberes de probidad e imparcialidad, mientras su pareja recibía beneficios económicos derivados de esas gestiones.
Fiscal había presentado una querella de capítulos contra Vivanco
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, ya había presentado una querella de capítulos contra Vivanco ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando su formalización y la aplicación de medidas cautelares.
Según la investigación del Ministerio Público, los fallos suscritos por la exministra en causas donde intervenía CBM obligaron a Codelco a pagar más de $17.500 millones al consorcio chileno-bielorruso. Parte de esos recursos habrían terminado en manos de Migueles, mediante transferencias canalizadas por los abogados y conservadores imputados.
Los antecedentes también revelan vínculos personales entre Vivanco y los juristas Vargas y Lagos, quienes frecuentaban su domicilio y asumieron la representación de CBM mientras ella se desempeñaba como ministra visitadora en Copiapó.
En su presentación, el CDE advierte que los hechos configuran “una red de corrupción institucional que afecta directamente el principio de probidad pública y la confianza en el Poder Judicial”.
El caso Muñeca Bielorrusa continúa bajo investigación del Ministerio Público, mientras el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá resolver la admisibilidad de la querella presentada por el CDE.
