El pasado sábado 9 de marzo comenzó la aplicación en terreno del Censo de Población y Vivienda 2024, proceso en donde se obtiene información fundamental sobre datos demográficos y sociales de nuestro país. 

Dicha recolección de datos, mediante un cuestionario con 50 preguntas, se llevará a cabo durante un periodo de tres meses, es decir, hasta junio del presente año. 

Según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el proceso es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, chilenas, extranjeras, residentes, públicas o privadas, que se encuentren en el país. 

Asimismo, en caso de que los encuestadores pasen por una vivienda, y no encuentren gente en su interior, se dejará una carta con un código para que las personas se puedan autocensar.

Sin embargo, si es que alguien se niega a responder el cuestionario, se puede arriesgar a recibir multas económicas, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 17.374. 

En este artículo, se indica que quienes “se negaren a suministrar los datos estadísticos que les fueren solicitados, o que los falsearen, o alteraren, sufrirán una multa de una suma no inferior a 1/5 ni superior a cuatro sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago”. De esta forma, el monto puede ir desde los $11.000 pesos, hasta los $235.000 pesos.

Además, “la aplicación y pago de la multa no exime al infractor de cumplir la obligación correspondiente”, por lo que si el infractor se vuelve a negar, “la multa podrá ser nuevamente impuesta, aumentándose hasta el doble del valor señalado en el inciso primero”.