El juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien se le acusa de liderar una organización criminal armada para intentar un golpe contra Lula da Silva, arrancó este martes entre fuertes medidas de seguridad y sin su principal imputado.
“La función del Supremo Tribunal Federal es juzgar con imparcialidad y aplicar justicia”, comenzó diciendo el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, durante la apertura del juicio, que se prolongaría hasta el 12 de septiembre.
La impunidad “dejaba cicatrices traumáticas en la sociedad y corroía la democracia”, afirmó De Moraes, destacando que la pacificación del país dependía del respeto a la Constitución.
El fiscal general, Paulo Gonet, defendió que no castigar los intentos de romper con el orden constitucional “intensificaría los impulsos autoritarios” y pondría en riesgo un modo de vida civilizado.
Las autoridades brasileñas reforzaron la seguridad en el Tribunal Supremo hasta que finalizara el juicio, al que Bolsonaro no asistió por recomendación médica tras sus problemas de salud derivados del ataque de 2018.
EL CASO DEL GOLPE DE ESTADO
Miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron el 8 de enero de 2023 en la plaza de los Tres Poderes en rechazo a los resultados de las elecciones y la investidura de Lula.
El asalto golpista causó pérdidas superiores a 20 millones de reales, según la acusación, y recordó la violencia en el Capitolio de Estados Unidos en 2021.
El caso se remontaba a las investigaciones por falsificación de cartillas de vacunación de Covid-19 que salpicaron a Bolsonaro y donde aparecieron los primeros indicios del complot.
Un informe de 272 páginas del fiscal Gonet acusó a Bolsonaro de instrumentalizar el Estado y ejecutar el plan ‘Puñal Verde y Amarillo’ para impedir la asunción de Lula.
La Fiscalía acusaba a Bolsonaro de escalar su discurso contra la democracia desde 2021, denunciando fraude en el voto electrónico y en los tribunales, impulsado por redes sociales.
El plan golpista revelado por Mauro Cid incluía incluso el asesinato de Lula, Alckmin y De Moraes, a quienes los golpistas pretendían eliminar.
Bolsonaro habría participado en la elaboración de un decreto ‘golpista’ presentado a altos mandos militares, cuyo borrador fue hallado en casa del exministro de Justicia Anderson Torres.
LOS DELITOS POR LOS QUE SE LES ACUSABA
Bolsonaro y otros implicados estaban acusados de abolición violenta del Estado democrático e intento de golpe de Estado, con penas de 3 a 12 años de prisión.
Otros cargos incluían pertenencia a organización criminal armada, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio, con penas de seis meses a ocho años.
Bolsonaro, bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, podía enfrentar más de 40 años de cárcel e inhabilitación política indefinida en caso de ser condenado.
El exmandatario sostuvo que era víctima de una “caza de brujas”, respaldado por Javier Milei y Donald Trump, quienes denunciaron una “persecución flagrante”.
Además de Bolsonaro, también estaban acusados Walter Braga Netto, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Augusto Heleno y Paulo Sergio Nogueira.
