La Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional aprobó por 8 votos a favor y 4 abstenciones, la enmienda de unidad de propósito (UDP) presentada por las bancadas RN/Evópoli, UDI y republicanos, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

En dicha materia, el anteproyecto de la Comisión Experta -en su artículo 184- propuso la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, como órgano autónomo, público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio.

Dicho servicio “estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial”.

La UDP visada sustituye en el epígrafe: “Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”, por un nuevo capítulo a continuación del Capítulo VIII, denominado: “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”.

Tras su aprobación, la norma quedó en condiciones de ser discutida en el pleno del Consejo Constitucional.

Para la consejera Ivon Guerra (UDI), la aprobación de esta iniciativa representa “un tema sensible para todos los ciudadanos del Chile de hoy”.

Al respecto, la consejera María Pardo (Convergencia Social) indicó que “la defensoría de la víctimas es un tema que nos ha interesado mucho impulsar (como Unidad para Chile), muy necesario y que responde a una necesidad y una urgencia ciudadana”.

En la ocasión, Pardo explicó el voto de abstención del oficialismo, indicando que “nos parece una muy buena iniciativa, estuvimos en conversaciones y les hicimos ver (a la oposición) dónde la redacción de la enmienda de unidad de propósito podía mejorar y en muchos casos esos puntos fueron acogidos”.

“Sin embargo, un punto no podía ser aprobado por nosotros, que se refería a esta unidad especializada a cargo de ciertas víctimas, relativas al ámbito de competencia de la Fiscalía Supraterritorial”, añadió.

“Nos parece preocupante este inciso en particular, porque lo que hace es priorizar a algunas víctimas respecto a las demás”, enfatizó Pardo.

Dentro de sus atribuciones, el nuevo servicio deberá entregar -entre otros aspectos- orientación, asesoría y representación jurídica a las personas que así lo requieran; brindar apoyo integral, de carácter psicológico y social a las personas víctimas de delitos, e informar en materias de acceso a la justicia y defensa de víctimas de delitos, colaborando con las autoridades que al efecto lo requieran.