El pleno de la Comisión Experta consagró el derecho a la seguridad social, agua, vivienda, salud y educación que estarán incluidas en el anteproyecto de la nueva Constitución, que tienen relación con la enmienda “Chile se organiza en un estado social y democrático de derechos”.

Al respecto, la presidenta de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Alejandra Krauss (DC), señaló que “pusimos todos nuestros esfuerzos en construir normas de consenso y consagrar debidamente a través de derechos sociales fundamentales para las personas el estado social y democrático de derecho”.

Por otro lado, durante este miércoles se aprobó el capítulo 2: “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”.

Durante la instancia los expertos discutieron la indicación que señalaba que “nadie puede ser privado de su vida intencionadamente, salvo en los casos de legítima defensa. La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable. En Chile se proscribe la pena de muerte”. La enmienda contó con 11 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.

De esta forma se estableció solo “el derecho a la vida. Se prohíbe la pena de muerte”, y “el derecho a la integridad personal, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Además, dentro de las normas constitucionales, el pleno estableció que la ciudadanía se perderá “por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido además pena aflictiva” y que “el derecho a optar a cargos de elección popular se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”.

En tanto, sobre las “Garantías de los Derechos y Libertades”, se señaló que “la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de los derechos fundamentales”, y que “el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación”.

En cuanto a los estados de excepción se mantuvieron los cuatro vigentes. “El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, grave conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado”, subrayaron.

“Para la declaración y renovación de los estados de excepción constitucional, el Presidente de la República y el Congreso Nacional considerarán la proporcionalidad y necesidad y se limitarán, respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional”, se agregó en la norma.

También, se estipuló que “es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación, en conformidad a la ley”.

Asimismo, se determinó que “el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre”.

También, fue aprobado “el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa”.

El presidente de la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, Máximo Pavez, indicó que “hemos aprobado prácticamente por unanimidad todas las propuestas de las subcomisiones. Eso va desde el derecho a la vida, hasta las normas últimas de orden público y económico, que dicen relación con el derecho de las aguas, pasando por medioambiente, educación, trabajo, seguridad social, libertad de expresión, libertad de conciencia”

En tanto, el integrante de la Comisión Experta, Alexis Cortés, manifestó que “evidentemente, así como hay avances, hay aspectos que son más insatisfactorios. Para mí resulta incomprensible que no se haya aprobado el derecho a la memoria, y todos los que se relacionan con justicia transicional, porque si hay algo de lo que estamos de acuerdo como humanidad es que esos derechos son fundamentales, indispensables y definen lo propio de lo humano”.