La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, rechazó este miércoles el libelo presentado por los diputados del Partido Republicano.

La votación fue dividida con tres votos en contra, que fueron los parlamentarios Karol Cariola (PC), Clara Sagardía (Ind. FA) y Ericka Ñanco (RD); un voto a favor, Bernardo Berger (RN); mientras que el diputado Joaquín Lavín (UDI) se abstuvo.

Sin embargo, esta votación no es vinculante y de igual manera la Cámara de Diputados tendrá que decidir este jueves si aprueba o no esta acusación en contra del secretario de Estado.

Dentro del debate en la comisión, Lavín desechó los argumentos de la AC y sostuvo, en relación con la salida de la exseremi Patricia Hidalgo, que se ordenó a cumplir con la ley y “algo grave hubiera sido que si la hubieran instruido a la seremi que votara contraviniendo lo que dice el informe, pero no es el caso”.

Respecto al concurso invalidado por Mejor Niñez, dijo que “no existe ningún antecedente concreto para contraargumentar lo que dijeron la subsecretaria y la directora de Mejor Niñez. No hay argumento jurídico para señalar que se dejó sin efecto la Constitución y las leyes”.

Agregó: “¿Existen responsabilidades políticas? El ministro es el jefe de la cartera y siempre será responsable de lo que pase allí”, pero aclaró que la acusación “carece de argumentos jurídicos que demuestren que el ministro haya infringido gravemente la Constitución y la Ley”.

La diputada Cariola abogó que el libelo “no cumple con los requisitos que la Constitución y la Ley establece. Contiene numerosos defectos que la hacen inadmisible”, destacando que “la responsabilidad constitucional solo puede fundarse en hechos personales de la persona acusada. Ningún hecho en los que fundan la acusación corresponde a hechos personales del ministro Jackson”.

En tanto, la legisladora Ñanco afirmó que el ministro no tuvo “ninguna responsabilidad” con lo ocurrido con la exseremi.

Indicó que “sería un precedente muy grave de esta corporación admitir la procedencia de una acusación que no tiene ningún fundamento referido a una acción y omisión del ministro que configure una infracción a la Constitución o las leyes. Como diputados tenemos la responsabilidad de usar esta herramienta para casos excepcionales y fundados”.

Sagardía, expresó que “la acusación contra el ministro de Desarrollo Social no se sustenta en ninguno de sus capítulos del libelo acusatorio”.

Añadió que “el libelo acusatorio es de carácter general con una interpretación amplia, no cumpliendo con los requisitos mínimos que establece la Constitución política del Estado, que requiere un incumplimiento específico y probado”.

Mientras, Berger, el único voto a favor, explicó que los antecedentes daban cuenta de una vulneración del secretario de Estado al principio de “probidad” y criticó “la grave forma pública en la que han denostado a una mujer”, viniendo de un gobierno que “se dice feminista y ecologista”.