El sociólogo antioqueño Manuel Restrepo es cauto a la hora de referirse a una historia de la violencia en Colombia que suele enfocarse someramente en ejércitos paramilitares y la pugna de diversas castas por el control del narcotráfico. El académico, que también es doctor en Ciencias Políticas y asesor pedagógico de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reflexiona sobre un sangramiento institucional que se ha extendido por el país a lo largo de 52 años. Como testigo de ese proceso, advierte que para él el tema es personal y académico y que las generaciones posteriores a él crecieron en un medio de una “cultura de la violencia que ha permeado casi todos los aspectos de la sociedad”.
Si bien sindica el problema de la propiedad y el uso de la tierra también como parte de los orígenes de la violencia, cree que hay que ser categóricos al definir como gestores de esta violencia no a sólo a la guerrilla o los paramilitares. “El Estado, como todos, también aportó con formas indiscriminadas de violencia”, asegura el académico. Aclara que aunque algunos se niegan a aceptar su parte en el conflicto, la intervención de poblados, el fortalecimiento de los terratenientes y la ampliación de las fronteras a través de despojos de territorios agrícolas de la autoridad fue algo tan institucionalizado como el reclutamiento de niños por la guerrilla.
El resultado de estas “viejas violencias” abarcan nudos sociales y económicos que, al no ser resueltos, se transformaron en las cruentas y extensas masacres que enlutan los titulares de la prensa desde hace más de medio siglo, dice Restrepo, conferencista del seminario “El Proceso de Paz en Colombia”, en la Cátedra Unesco de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Hasta ahora, la crisis ha cobrado la vida de más de 500 mil personas, según conteos no oficiales. Restrepo agrega 7 millones de personas víctimas de la guerrilla en materia de desplazamiento, secuestros, desapariciones y diversas atrocidades contra la dignidad humana.
Este escenario ha favorecido una política de la impunidad que profanó la justicia a nombre de intereses particulares, agrega el sociólogo. “Estas violaciones generaron imaginarios que abrieron la puerta a las venganzas privadas sustituyendo la justicia legítima. Se lesionó el sentido de justicia postergando el derecho a la reparación posterior”, sentencia Restrepo sobre diferencias irreconciliables que entramparon el proceso en instancias clave como el pasado plebiscito en que parte de la población se negó a votar a favor de la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.
El 50,2% de la población se manifestó en contra de lo que los analistas consideraron una pregunta tendenciosa. Restrepo cree que gran parte de la responsabilidad de este fracaso de las negociaciones tiene que ver con la gran abstención de votantes del plebiscito. Un 63% de los ciudadanos, en su mayoría jóvenes que decidieron apartarse de un proceso que, para ellos, seguía siendo el viejo debate político de siempre, cree el asesor ONU. Por otro lado, la eventualidad de que guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad pudieran ser escogidos para cargos públicos, según el texto del acuerdo, también influyó en parte de la derrota del “Si”.
El académico también cree que parte de ese resultado se debió al rol de la contracampaña de sectores conservadores que sembraron el fantasma de la expropiación de terrenos a favor de las FARC, la eventual instalación de un Castro-Chavismo en caso de concretar los primeros acuerdos, las falacias sobre holgadas compensaciones monetarias a los exguerrilleros y hasta la ideología de género fueron utilizadas como argumentos para polarizar las posturas del plebiscito.
Optimista ante el resto del proceso de desarme de las guerrillas, Manuel Restrepo lamenta hoy que, después de tantos años, tantas muertes y tanto sufrimiento por parte del pueblo colombiano, haya sido finalmente el sentido común el principal sustrato sobre el que se sembró la negociación de la paz definitiva.
“Los principales puntos del acuerdo de paz dejan a las FARC como reformistas liberales respecto a detalles del texto que aborda materias pertinentes hoy, pero también hace 50 años atrás: hacer carreteras, formalizar propiedades, crear un banco de tierras y realizar catastros rurales, entre otras medidas que se suman a un programa de reparación de las víctimas y un sistema nacional de sustitución de cultivos para acabar progresivamente con el narcotráfico”, enumera.
Si bien sindica el problema de la propiedad y el uso de la tierra también como parte de los orígenes de la violencia, cree que hay que ser categóricos al definir como gestores de esta violencia no a sólo a la guerrilla o los paramilitares. “El Estado, como todos, también aportó con formas indiscriminadas de violencia”, asegura el académico. Aclara que aunque algunos se niegan a aceptar su parte en el conflicto, la intervención de poblados, el fortalecimiento de los terratenientes y la ampliación de las fronteras a través de despojos de territorios agrícolas de la autoridad fue algo tan institucionalizado como el reclutamiento de niños por la guerrilla.
El resultado de estas “viejas violencias” abarcan nudos sociales y económicos que, al no ser resueltos, se transformaron en las cruentas y extensas masacres que enlutan los titulares de la prensa desde hace más de medio siglo, dice Restrepo, conferencista del seminario “El Proceso de Paz en Colombia”, en la Cátedra Unesco de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Hasta ahora, la crisis ha cobrado la vida de más de 500 mil personas, según conteos no oficiales. Restrepo agrega 7 millones de personas víctimas de la guerrilla en materia de desplazamiento, secuestros, desapariciones y diversas atrocidades contra la dignidad humana.
Este escenario ha favorecido una política de la impunidad que profanó la justicia a nombre de intereses particulares, agrega el sociólogo. “Estas violaciones generaron imaginarios que abrieron la puerta a las venganzas privadas sustituyendo la justicia legítima. Se lesionó el sentido de justicia postergando el derecho a la reparación posterior”, sentencia Restrepo sobre diferencias irreconciliables que entramparon el proceso en instancias clave como el pasado plebiscito en que parte de la población se negó a votar a favor de la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.
El 50,2% de la población se manifestó en contra de lo que los analistas consideraron una pregunta tendenciosa. Restrepo cree que gran parte de la responsabilidad de este fracaso de las negociaciones tiene que ver con la gran abstención de votantes del plebiscito. Un 63% de los ciudadanos, en su mayoría jóvenes que decidieron apartarse de un proceso que, para ellos, seguía siendo el viejo debate político de siempre, cree el asesor ONU. Por otro lado, la eventualidad de que guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad pudieran ser escogidos para cargos públicos, según el texto del acuerdo, también influyó en parte de la derrota del “Si”.
El académico también cree que parte de ese resultado se debió al rol de la contracampaña de sectores conservadores que sembraron el fantasma de la expropiación de terrenos a favor de las FARC, la eventual instalación de un Castro-Chavismo en caso de concretar los primeros acuerdos, las falacias sobre holgadas compensaciones monetarias a los exguerrilleros y hasta la ideología de género fueron utilizadas como argumentos para polarizar las posturas del plebiscito.
Optimista ante el resto del proceso de desarme de las guerrillas, Manuel Restrepo lamenta hoy que, después de tantos años, tantas muertes y tanto sufrimiento por parte del pueblo colombiano, haya sido finalmente el sentido común el principal sustrato sobre el que se sembró la negociación de la paz definitiva.
“Los principales puntos del acuerdo de paz dejan a las FARC como reformistas liberales respecto a detalles del texto que aborda materias pertinentes hoy, pero también hace 50 años atrás: hacer carreteras, formalizar propiedades, crear un banco de tierras y realizar catastros rurales, entre otras medidas que se suman a un programa de reparación de las víctimas y un sistema nacional de sustitución de cultivos para acabar progresivamente con el narcotráfico”, enumera.
