La Contraloría Regional de O’Higgins confirmó el mal uso de recursos públicos en la Seremi de Salud en la adquisición y pago de bienes, así como en la contratación de servicios, durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Según informó El Tipógrafo, el período mencionado corresponde entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Según lo especificó un informe en el que se detectaron irregularidades en la compra de un software de salud que ayudaría a la automatización de los procesos de trazabilidad, así como la doble contratación y pago de servicios de seguridad para residencias sanitarias.

La auditoría concluyó que se “procederá a formular el reparo correspondiente”, con lo que se determinará la responsabilidad de la devolución de más de $84 millones que fueron mal gastados en estas circunstancias y en el que podrían verse involucrados el anterior seremi de Salud, Pablo Ortiz, y otros funcionarios de la Seremi.

Además, se determinó que el software adquirido “no está cumpliendo el objetivo, no está cubriendo la necesidad ni tampoco con las promesas iniciales de cualquier implementación de software o tecnología involucrada en las tareas del negocio”.

Lo anterior ocurre ya que el programa se compró sin la validación requerida y pese a la advertencia sobre fallas técnicas realizadas por los encargados de trazabilidad y de informática de ese momento, por un monto de $29.019.543, que deberá ser restituido.

Por otra parte, luego de revisar las cláusulas de los contratos establecidos con las residencias sanitarias, la Contraloría corroboró que era obligación de estos recintos ofrecer el servicio de seguridad. Sin embargo, la Seremi contrató a otros proveedores para que se realizaran dicha labor, “existiendo, en consecuencia, una duplicidad en el servicio contratado por un total de $12.783.456”, monto que también tendrá que ser devuelto.