Una serie de irregularidades fueron detectadas por la Contraloría en la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).
Las anomalías se descubrieron luego de una revisión efectuada al proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento tramitados por dicha institución entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el Informe Final N° 80 de 2026, la Contraloría verificó que el Indap no realizó acciones de fiscalización en tres casos de beneficiarios de créditos de fomento. A su vez, registraban antecedentes vinculados a actividades ilícitas en sus predios.
Dos de esos casos correspondían a la existencia y el cultivo de plantas de marihuana y, el otro a la usurpación de aguas.
Por ello se instruyó al servicio dependiente del Ministerio de Agricultura que reevaluara a los beneficiarios. También solicitaron reforzar la supervisión del uso de los recursos, conforme a los fines del programa.
Incumplimiento en requisitos
Además, la Contraloría detectó otros casos de beneficiarios que no cumplieron con los requisitos establecidos para acceder a créditos de fomento.
En particular, se constató que diez personas registraban vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF (más de $128 millones). Asimismo, dos presentaban un capital propio tributario superior a dicho umbral, lo que contraviene las condiciones de elegibilidad.
A esto se suma que 16 beneficiados por un total de $51.950.000 mostraron ingresos de actividades distintas a la explotación agrícola, como remuneraciones, honorarios o arriendos. Esto no se ajusta al requisito que señala que, para optar a este beneficio, la principal fuente de recursos debe ser, precisamente, la actividad agrícola.
Otra observación indica que 23 personas recibieron créditos por un total de $62.155.496, sin acreditar una forma de tenencia legítima de los predios declarados.
Esos sujetos figuraban en su mayoría como “ocupantes” o bajo otras categorías no definidas, sin criterios claros para descartar eventuales irregularidades.
Registros sociales
El informe también mostró debilidades en la verificación de la situación socioeconómica. En ocho casos -que obtuvieron créditos por $51 millones- no fue respetado el requisito de encontrarse entre el 0% y el 70% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.
Y otras 95 personas recibieron en total más de $503 millones y presentaban una calificación superior al 70%.
Sobre la acreditación de usuarios, se constató que 481 créditos fueron dados a personas individualizadas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin evidenciarse procesos de actualización o reevaluación periódica de su condición como beneficiarios del sistema.
Mala fiscalización
La auditoría detectó también debilidades en las labores de fiscalización. De 566 créditos de corto plazo otorgados en 2024, solo se realizaron 36 supervisiones en terreno, lo que representa un 6% del total. Dicha cifra es inferior al 10% exigido por la normativa interna del Indap.
En virtud de los hallazgos, la Contraloría instruyó al Indap a revisar los casos observados, evaluar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios y ejecutar los ajustes respectivos.
El Indap también deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos constatados.
