La Contraloría General de la República solicitó un informe a las municipalidades de Las Condes y Vitacura sobre la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre 2019 a 2021.

A través de redes sociales, la Contraloría dio a conocer sobre el escrito que deberán entregar los municipios del sector oriente de la región Metropolitana, con respecto a la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre los años 2019 y 2021.

El organismo afirmó también que hizo una amplia auditoría a la Municipalidad de Lo Barnechea hace cuatro meses.

El anuncio se enmarca en las acusaciones de presuntas irregularidades en las alcaldías del sector oriente de Santiago, surgidas tras la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Torrealba está siendo investigado por eventuales delitos de fraude al fisco y malversación de fondos públicos en el pago de subvenciones en los programas “Vita”, a raíz de dos querellas presentadas por la actual alcaldesa, Camila Merino (Evópoli).

Además, una funcionara se autodenunció y habría confesado que recibía sobres con dinero en efectivo de Domingo Prieto -jefe de los programas Vitasalud, Vitaemprende y Vitadeportes- y que se los entregaba al exalcalde.

Se trata de la la publicista Antonia Larraín Prieto, directora (s) de Desarrollo Comunitario, quien habría confesado ante el Ministerio Público que “apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado (Domingo) Prieto un sobre con suma aproximada de $5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020”.

Tras dicha situación, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), pidió a Contraloría una auditoría a la actual gestión municipal y a la anterior, encabezada entonces por el actual delegado presidencial metropolitano, Felipe Guevara (RN).

Respecto a Las Condes, las abogadas Ximena Peralta y Grace Schmidt, ingresaron una denuncia contra quienes resulten responsables de una eventual malversación de caudales públicos, acusando la contratación de empleados que devolvían parte de su sueldo sin que se identificara a quién.

“El despliegue de la seguridad pública comunal estaría siendo gestionado no a través del municipio como entidad pública sino que por intermedio de la Unión comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”, advirtieron las juristas, señalado que por lo tanto “no existe relación jurídica expresa entre este despliegue de policía comunal y el municipio”.

“Lo que preocupa es observar que el esquema de los municipios: dineros públicos son entregados a entidades privadas para que estas ejerzan funciones públicas. Esto tiene como consecuencias que impide que la ciudadanía e instituciones conocer cuál es el uso que se le da a tales fondos”, indica la acción judicial de las abogadas.