La Comisión de Sistemas de Justicia aprobó y despachó al Pleno una serie de normas relativas a la creación de la Corte Constitucional, instancia que apunta a sustituir al actual Tribunal Constitucional.

Se trata de un “órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo a los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución. Sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho”.

Dicho extracto fue ingresado por convencionales del Frente Amplio, Colectivo Socialista, Coordinadora Plurinacional, Apruebo Dignidad, Movimientos Sociales Constituyentes, Independientes No Neutrales y Pueblos Originarios, siendo aprobado con 16 votos a favor y tres abstenciones.

La coordinadora de la comisión y miembro de Movimientos Sociales Constituyentes, Vanesa Hoppe, detalló que “una de las modificaciones al actual TC es que cambia el número de integrantes, son 11 y no 10; y nos hemos preocupado que el nombramiento sea determinado por distintos poderes del Estado. Lo más importante: la función de este órgano es velar por la supremacía de esta Constitución”.

El nuevo organismo estará conformado por 11 jueces, siendo uno de ellos escogido por sus pares como presidente cada dos años. Los magistrados durarán nueve años en el cargo, no serán reelegibles y serán renovados en parcialidades cada tres años.

Cuatro de los puestos serán designados por cuatro tercios del Congreso y tres por el Presidente de la República, en ambos casos en base a ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública. En tanto, otros cuatros serán nominados por el nuevo Consejo de la Justicia.

Actualmente, a diferencia de lo aprobado den la Convención, se propone que los integrantes deben ser abogados con más de 15 años de ejercicio que no se hayan desempeñado en puestos de elección popular durante los dos años previos a la elección.

Además, la Corte Constitucional será de dedicación exclusiva y una vez concluido su rol en ella, no se podrá postular a ningún puesto de elección popular en los 18 meses siguientes.

Los jueces serán independientes de otros poderes y tendrán inamovilidad. Solo podrán dejar el cargo en caso de incapacidad legal sobreviniente, renuncia, sentencia penal condenatoria, remoción, enfermedad incompatible con el cargo o haber cumplido su periodo.

El órgano tendrá las atribuciones de conocer y resolver la eventual inaplicabilidad de los preceptos legales o resolver sobre la eventual inconstitucionalidad de algún estatuto regional, entre otras atribuciones.

En tanto, desde Vamos por Chile se han mostrado a favor de la iniciativa de norma, pero con reparos. Por ejemplo, la convencional UDI Carol Brown señaló que “es una buena noticia que se haya aprobado en la comisión una Corte Constitucional sin la cual no hay una verdadera democracia. Ahora bien, hay cosas que aún se pueden corregir”.

En esa línea, advirtió que “es muy preocupante que el Parlamento va a poder dar luz verde a tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución y que luego no va a poder derogar. Esto compromete la soberanía de Chile, porque va a convivir un tratado potencialmente inconstitucional con el ordenamiento jurídico, sin que podamos derogar nunca ese tratado sin comprometer la responsabilidad internacional de Chile”.

En tanto, su par de RN Ruggerio Cozzi señaló que “mi preocupación es si es que realmente estamos proponiéndole a Chile una Corte Constitucional que pueda servir de árbitro para los conflictos entre los poderes del Estado y que se haga cargo de las críticas que se había hecho por parte de la academia de la ciudadanía y de la opinión pública. Yo creo que falta todavía, falta bastante por conversar”.