El exministro de Justicia y de Seguridad Pública, Luis Cordero, en entrevista con Radio Cooperativa, abordó el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo.
La iniciativa, que busca reforzar las facultades del Estado contra el crimen organizado y el terrorismo, ha generado preocupación debido a la duración de un nuevo estado de excepción por hasta ocho meses sin control parlamentario. Y a la facultad para intervenir comunicaciones privadas.
Cordero sostuvo que “acumulado, es un proyecto inútil, muy deficiente técnicamente —de verdad estoy muy sorprendido del punto de vista técnico, del punto de vista derecho público— y, tercero, institucionalmente muy peligroso”.
“Tiene una disposición que es completamente inútil”
El exministro, al analizar el contenido del texto presentado por el Gobierno, indicó que el articulado no aporta valor a la persecución del delito e incurre en desproporciones jurídicas graves. Esto en materia de garantías y derechos fundamentales.
“Tiene una disposición que es completamente inútil, que es incorporar en la Constitución como fin u obligación del Estado el tema de seguridad (…) Es un hecho bastante público y evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema lo orienta de esa manera”, dijo, consignó Cooperativa.
En relación a las inhabilitaciones de hasta por 15 años en salud, educación y previsión para condenados por terrorismo o crimen organizado, el ex secretario de Estado alertó. “Técnicamente es muerte civil, porque es aplicar una sanción bajo umbrales de subsistencia”. Además, lo consideró “contraintuitivo a cualquier idea de reinserción”.
Sobre la atribución otorgada al Ejecutivo y al Senado para calificar entidades criminales, Cordero indicó que es “una calificación política (que) solo existe en Reino Unido, que es una regla muy discutida. Y que ha terminado transformándose más bien en una discusión sobre la persecución del derecho a la protesta”.
Agregó: “Pero, además, en todas las experiencias, ¿por qué existe esta regla de poder declarar en vía administrativa, separado de lo judicial? Tiene un propósito y es fundamentalmente hacer aplicable las restricciones de financiamiento y de ocupar el sistema financiero. Por lo tanto, tiene que ver con inteligencia financiera. De hecho cuando se aplica, se utiliza información de inteligencia; no información judicial”, señaló.
“Esta es una Administración que prefiere mirar de lejos los temas de inteligencia financiera”
“Esta es una Administración que prefiere mirar de lejos los temas de inteligencia financiera. Entonces, no solo es (un proyecto) deficitario en cómo está diseñado, sino que además no responde a ninguna estrategia”, indicó.
Respecto a la facultad de mantener un estado de excepción por hasta ocho meses sin pronunciamiento del Congreso y con suspensión de garantías individuales, dijo que “hay que tener mucho cuidado. Porque cuando hablamos de excepción estamos hablando de suspensión temporal de derechos esenciales. Y períodos tan prolongados en términos de intervenciones tan estructurales —esto no es simple emplear dotaciones— genera un efecto de lesividad que es muy complejo”.
Coincidió en la peligrosidad de la figura y la asoció a un modelo de erosión democrática.
“Es un perfil de legalismo autoritario”
“Es un perfil de legalismo autoritario. En el fondo, lo que usted está haciendo es ocupar herramientas que parcialmente parecieran ser legítimas, pero que reunidas lo que hacen es exacerbar el poder del Ejecutivo con costo a derechos esenciales. Esa desproporción genera legalismo autoritario“, explicó, consignó Cooperativa..
Añadió que “la literatura dice que cuando los sistemas legales comienzan a hacer eso, comienzan a ser sistemas de excepción ‘Frankenstein’, porque usted empieza a sumar cosas y en las costuras es donde se comienza a producir el problema“. Sostuvo que “es lo que comenzó a desarrollar en (Hungría) las reformas legales (Viktor) Orbán, por ejemplo”.
Cordero aseguró que “generar una reforma constitucional es distraer la atención de lo que debe ser la implementación de un conjunto de normas” ya despachadas por el Congreso. Tales como la Ley de Inteligencia, la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Municipal.
“La señal equívoca cuando el sistema político se enfrasca en una discusión sobre la reforma constitucional es: para combatir el crimen organizado, ¿necesitamos la reforma constitucional? La respuesta es no“, enfatizó.
Por lo mismo, hizo un llamado a no tramitar la propuesta del Gobierno.
El ex secretario de Estado remarcó que “estos son tiempos de gestión en seguridad; de no darse gustitos legislativos (…) Soy de aquellos que creen que este proyecto tiene que ser rechazado. No tiene ningún sentido, no agrega nada nuevo; solo distorsiona y puede perjudicar la implementación de las leyes vigentes”.
