Un duro golpe recibió en las últimas horas la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego de que la Corte Suprema ratificara el dictamen del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el cual le impuso una millonaria multa por una cuota de incorporación “injustificada”, que se cobraba a los clubes que ascendían de Segunda División Profesional a Primera B.

En junio de 2020, el TDLC condenó al ente rector del balompié criollo al pago de 3.145 Unidades Tributarias Anuales (UTA, poco más de US$ 2,5 millones), por el monto que se imponía a los elencos que subían a la segunda categoría del fútbol chileno.

El caso se remonta a 2018 cuando la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el TDLC, donde acusaron que la mencionada cuota “tuvo el efecto de limitar la capacidad competitiva y deportiva de los clubes que la pagaron y que este cobro ha operado como una barrera artificial para el ingreso al mercado o como un obstáculo para el desempeño competitivo en el caso de los clubes que lograron ingresar”.

En el fallo, el máximo tribunal del país señaló que “el establecimiento, regulación y exigencia de la cuota de incorporación objeto del requerimiento, constituye una barrera de entrada al mercado relevante, diseñada exclusivamente por los incumbentes con una finalidad u objetivo exclusorio o anticompetitivo”.

Asimismo, se ratificó la determinación del TDLC respecto de no exigir nuevamente el pago de estos dineros, ya que “ello implicaría validar la subsistencia de una conducta antijurídica y atentatoria a la libre competencia”. Por su parte, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, señaló que “esta sentencia ratifica que el fútbol profesional chileno, cuyo único organizador es la ANFP, es una actividad económica y que no existen mercados que puedan eximirse de cumplir con las leyes de libre competencia”.

Por último, Riesco valoró el dictamen de la instancia, remarcando que “confirma que la imposición de la cuota de incorporación por parte de la ANFP es una restricción desproporcionada e injustificada a la competencia y que ha producido un efecto exclusorio, disminuyendo la capacidad competitiva de los equipos que ascendieron a Primera B”