Críticas a Ley de Incendios: foco en mitigación y pocas herramientas preventivas

La reciente ola de incendios forestales en el sur del país volvió a poner en primer plano una discusión que había quedado relegada durante meses. Con la emergencia como telón de fondo, el Senado aprobó esta semana la Ley de Incendios, iniciativa que ahora pasa a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, pero cuyo alcance ha abierto un intenso debate sobre su efectividad real para prevenir siniestros.

El proyecto, ingresado por el Presidente Boric en octubre de 2023, busca fortalecer la prevención y mitigación de incendios forestales y rurales, incorporando herramientas regulatorias para anticipar riesgos y reducir el impacto sobre la población, la infraestructura y los ecosistemas. Sin embargo, expertos advierten que el texto aprobado podría quedarse corto frente a la magnitud del problema que enfrenta Chile cada temporada estival.

Entre sus principales ejes, la ley propone integrar el riesgo de incendios en la planificación territorial, especialmente en las zonas de interfaz urbano-rural, donde conviven viviendas y vegetación. En esos sectores se contemplan restricciones para nuevos asentamientos y exigencias en normas de construcción y uso de suelo, con el objetivo de disminuir la exposición al fuego.

Asimismo, el proyecto establece obligaciones para los propietarios de terrenos en zonas de riesgo, como la construcción y mantención de cortafuegos, la limpieza de vegetación y la implementación de medidas de protección alrededor de viviendas e infraestructuras críticas, buscando reducir la intensidad y propagación de los incendios.

No obstante, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, Simón Berti, ha sido uno de los críticos más duros del texto legal. A su juicio, la normativa carece de herramientas para evitar el inicio de los incendios. “Ningún artículo orientado directamente a prevenir el inicio de los incendios, pese a que ese es el principal objetivo que declara su título”, advirtió. En esa línea, sostuvo que el proyecto se limita a regular la propagación del fuego y el combate posterior, sin abordar las causas estructurales del fenómeno. “Seguimos teniendo la misma cantidad de siniestros, y cada cierto tiempo enfrentamos desastres de gran magnitud cuando coinciden incendios con condiciones meteorológicas extremas”, sostuvo.

Desde el gremio forestal también cuestionan la ausencia de patrullajes preventivos obligatorios en escenarios de alto riesgo climático, como altas temperaturas, baja humedad o eventos de viento intenso. Según Berti, instituciones como Carabineros, PDI, Bomberos y Conaf deberían desplegar vigilancia preventiva para disuadir conductas de riesgo y detectar focos tempranos, especialmente considerando que una parte relevante de los incendios es de origen intencional y genera entre cinco y ocho veces más daño que los causados por negligencia.

Otro punto criticado es el énfasis en las obligaciones para propietarios rurales, quienes podrían enfrentar multas de entre mil y 3 mil UTM por no cumplir con las medidas de cortafuegos y limpieza de predios. Para el gremio, estas disposiciones no constituyen prevención propiamente tal, ya que actúan una vez iniciado el incendio, además de trasladar gran parte de la responsabilidad a pequeños y medianos propietarios.

Las críticas también se extienden a la falta de atribuciones y capacidades de Conaf para fiscalizar las medidas preventivas, así como a la ausencia de responsabilidades para los municipios en zonas urbanas vulnerables, como quebradas o terrenos abandonados, donde el riesgo de incendio es alto. Tampoco se abordan problemas de propiedad difusa en áreas rurales, donde nadie asume labores de limpieza y mantención.

En el debate legislativo, la senadora Ximena Rincón, quien asumirá como ministra de Energía en marzo, cuestionó el enfoque del proyecto, señalando que “no pone el foco donde debe, no persigue con fuerza a los culpables, no fortalece de verdad al Ministerio Público ni crea herramientas eficaces de investigación y sanción”.

Con todo, mientras la ley avanza en su tramitación, persiste la discusión sobre si las nuevas herramientas permitirán anticiparse a los incendios o si su impacto será limitado frente a una crisis que se repite año tras año.