La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, exhibió durante la mañana de este miércoles el Informe Anual 2022 sobre derechos humanos de la niñez y adolescencia en Chile, en su última cuenta pública como máxima autoridad de la institución, considerando que su gestión debe concluir en mayo de 2023.

El informe, da cuenta de temas tratados en años anteriores, como la situación de niños, niñas y adolescentes en hogares bajo cuidado del Estado, se enfocó especialmente en los diversos nudos críticos que se están presentando en la instalación de la nueva institucionalidad de la infancia.

“Desde 2018, año en que se creó la Defensoría de la Niñez, hemos desarrollado un proceso de instalación que no ha estado exento de dificultades, partiendo por la falta de recursos para estar en cada una de las regiones del país. Ha sido un trabajo arduo, que ha logrado insertar un rol nuevo en el sistema de protección y que deberá seguir consolidándose con la nueva institucionalidad y el Sistema de Garantías”, indicó Muñoz en la presentación que tuvo lugar en la sede institucional en Providencia.

Según los datos dados a conocer en el informe, en el período entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, la Defensoría de la Niñez recibió 3.376 requerimientos o solicitudes de intervención en el nivel central y 1.534 en sus sedes regionales, a raíz de casos de vulneraciones de derecho, 4.910 en total.

Durante esa etapa, la Defensoría realizó 46 denuncias penales, 119 denuncias administrativas, además de presentar 83 medidas de protección ante Tribunales de Familia por vulneraciones a los derechos de los niños, niñas o adolescentes (NNA).

También interpuso 52 querellas por delitos de alta connotación pública y 11 amicus curiae para que dieran una opinión especializada en las causas judiciales (amicus curiae o “amigo del tribunal”, es un instrumento del Derecho Procesal que permite a terceros ajenos a un determinado conflicto jurídico, ofrecer opiniones para su resolución).

Se destaca al mismo tiempo en la gestión el envío de 250 recomendaciones al Estado.

“En términos de lo que nos parece más complejo, no acogido o no implementado, (está) la política integral en materia de migración, porque nosotros venimos hace por lo menos dos años insistiendo en lo grave que resulta esta crisis humanitaria y la necesidad de abordarlo de una manera distinta y también lo que tiene que ver con los espacios de vulneraciones bajo cuidado del Estado”, detalló Muñoz.

En la tercera parte del informe, existe un apartado que remarca un “escaso avance en materia de verdad, justicia y reparación para la niñez y adolescencia bajo cuidado del Estado”.

La Defensoría de la Niñez, como medida ante esta problemática recomienda crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación “para quienes han sido víctimas, directas e indirectas, de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el contexto de su vinculación con el sistema proteccional”.

Sobre el enfoque intercultural, el informe indica que es necesario atender que el 3,2% de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado son de nacionalidad extranjera. La mayoría son de nacionalidad boliviana, en segundo lugar, venezolana, luego haitiana, colombiana y peruana.

“Tengo muchas frustraciones y me voy a ir con la claridad de muchas cosas que no se pudieron hacer y me atribuyo directa y personalmente la responsabilidad de eso. Pero sí creo que hay algo que logramos hacer, que es instalar los derechos de la niñez y la adolescencia como algo en el debate público de manera permanente y entender que no da lo mismo la forma en que se trata a la niñez y a la adolescencia. Más allá de que hubiese querido que los cambios fueran mucho más profundos”, declaró Muñoz como reflexión a su gestión.